El Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sostendrá por la tarde una reunión con el Ministro de Finanzas Públicas, para discutir aspectos del presupuesto del próximo año para el Organismo Judicial (OJ).
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Rubén Eliú Higueros, presidente del OJ, indicó que en la entrevista con Mefi Rodríguez García, ministro de Finanzas, se discutirán aspectos relacionados con el presupuesto del próximo año, «haremos nuestros planteamientos y nuestras necesidades, la forma de cómo ejecutar nuestro presupuesto y los avances que queremos tener», subrayó el alto magistrado.
Dentro del plan para el próximo presupuesto se está contemplando la creación de nuevas salas y juzgados penales de primera instancia, los cuales deberán ser designados a lo laboral, de familia, de menores y civiles, en cada una de las cuales se tendría que invertir aproximadamente 100 mil quetzales.
Incremento
Higueros puntualizó que para todos los planes que el órgano de Justicia tiene para el próximo año se necesita incrementar el presupuesto con relación a lo asignado el año pasado.
«Sólo para funcionamiento nosotros necesitamos 900 millones de quetzales», señaló el entrevistado, y agregó que aún este organismo del Estado desconoce hasta el momento cuál será la cantidad solicitada a Finanzas debido a que aún no le han remitido los estudios sobre lo requerido por cada departamento y por cada magistrado de la CSJ.
Lo Mínimo
El presupuesto mínimo requerido por el OJ es de mil 500 millones de quetzales. El año pasado, este organismo solicitó mil 300 millones, pero les fue asignada la misma cantidad de 2006, la cual fue de 671 millones.
El último tuvo un incremento de 170 millones de quetzales, con un total de 841 millones. Higueros hizo alusión a que si les es asignado el mismo presupuesto del año pasado, únicamente podrían pagarse los salarios, ya que la nómina «llega cerca de los 900 millones de quetzales anuales».
El año pasado
En el proyecto de gastos presentado el año pasado para 2007, se entró en discusión en la Comisión de Finanzas, la cual tuvo un excesivo listado de peticiones de incrementos presupuestarios.
Antes de ser aprobado el presupuesto general para este año, se emitió el primer análisis del mismo y se estableció que de los 39 mil millones calculados para este año, por lo menos 31 mil millones se comprometieron en las asignaciones constitucionales que no podían ser modificadas.
En aquella oportunidad el Ministerio de Finanzas explicó que el presupuesto no podía elevarse para no aumentar el déficit fiscal (diferencia entre ingresos tributarios y gasto total).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó no exceder del dos por ciento el déficit fiscal, con respecto del Producto Interno Bruto.
De mil 300 millones solicitados por este organismo como presupuesto para el presente año, le fue autorizado al Organismo Judicial 671 millones, a lo que Higueros indicó que no podrían funcionar con el mismo presupuesto del año pasado, en caso que les sea asignado el mismo.