En entrevista exclusiva con Visión Electoral, Manuel Conde, candidato presidencial de la Unión Democrática (UD), abogó por la creación de un sistema para la gobernabilidad democrática del Estado de Guatemala basado en tres ejes: social, económico y polí­tico. Ofreció la creación del Consejo Nacional de la Educación Pública y el impulso de una polí­tica de seguridad ciudadana democrática.

¿Cómo define ideológicamente a la Unión Democrática?

Hace año y medio asumimos la conducción polí­tica de la Unión Democrática en una asamblea e integramos un Comité Ejecutivo Nacional bastante plural. El partido se abrió a sectores sociales que vienen desde la ex guerrilla hasta militares retirados. Se abrió a gente que por primera vez participa en esto. Hoy por hoy nos ubicamos en un centro democrático, que desde la posición polí­tica de Manuel Conde, es un centro democrático nacionalista. El partido, en esa apertura, lo que ha hecho es una ampliación de ese centro democrático en donde cabemos todos, siempre y cuando ese participar tenga que ver con defensa de intereses nacionales, la búsqueda del fortalecimiento institucional democrático y la generación de una participación más allá del mero recurso económico. El partido se abrió a la dirigencia campesina y social. Mucha gente de URNG vino a ocupar espacios electorales en el partido, principalmente en algunos municipios de Huehuetenango y San Marcos.

Si el partido tiene una participación tan diversa, ¿cómo han alcanzado consensos sobre el plan de gobierno?

Más que presentar un plan con una cantidad de cosas por hacer, estamos planteando el producto de un trabajo de seis años, que es una propuesta de un sistema para la gobernabilidad democrática del Estado de Guatemala. Un sistema, porque la democracia, más que un postulado ideológico, es una forma de vida y la vida es dinámica, tiene una cotidianidad y necesita de una legitimación permanente. En este sistema de gobernabilidad democrática, por supuesto que está agendada la labor y las acciones que tienen que realizarse desde el ejercicio del poder nacional, desde el Gobierno; pero están planteados básicamente tres subsistemas: el social, el económico y el polí­tico que están interrelacionados. El social es hacia el que se dirigen las acciones del Estado, el sistema económico es el generador del recurso para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones y deberes y el sistema polí­tico es el intermediador entre el Estado y los grupos sociales que se encuentran en esta dinámica y es el que genera las acciones de cambio. Esta es una ruta en la que cabe el Plan Visión de Paí­s, la Agenda Nacional Compartida, los Acuerdos de Paz y cualquier tipo de propuesta que le permita a nuestro paí­s construir mejores niveles de justicia social, tener niveles de desarrollo económico e integral de la persona, entrar con seriedad al cuidado del entorno ambiental, abrirnos a mercados globales y locales, establecer la alianza empresarial. En fin, nosotros no nos quedamos con una lista de supermercado. El Gobierno, desde mi experiencia polí­tica, debe sustentar su quehacer cotidiano en polí­ticas públicas, que vayan más allá de las ocurrencias de los gobernantes.

¿De qué tipo de polí­ticas públicas estamos hablando?

Un primer orden, es el conocimiento democrático para darle gobernabilidad al Estado. Eso quiere decir, más allá del Gobierno, la vocación democrática obliga a entender la independencia de los poderes, que son independientes, pero que están interrelacionados, y que de alguna manera deben ser cooperantes, para que se alcance el bien común, el fin último del Estado. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en un Estado como el nuestro, pasa primero porque quien esté dirigiendo los destinos de la nación, quien esté al frente del paí­s representando a la unidad nacional, sea una persona que verdaderamente sepa y entienda del Estado. Para que el Estado se afiance, el orden jurí­dico debe ser respetado y nadie, ningún ciudadano, puede y debe estar por encima del orden establecido.

En el área especí­fica de educación, ¿cuáles serí­an las polí­ticas que un eventual gobierno de Manuel Conde impulsarí­a?

La propuesta que hacemos es la creación del Consejo Nacional de Educación Pública. Eso quiere decir un ente colegiado integrado por representantes de las regiones geoestratégicas del paí­s. Ya no más un ministro o una ministra sentada cómodamente en su despacho de la Avenida Reforma decidiendo si se hace algo en una escuela que nunca ha visitado. Cualquiera dirí­a que eso es perder poder, cuando desde mi punto de vista, es ganar poder y fortalecer el Estado. Soñemos un poco: este Consejo coordinado por una ministra o un ministro, será una mesa de ocho o diez personas, una en representación de cada región del paí­s, con poder, decisión y equipos trabajando. La idea es que cada región pueda definir contenidos y materias orientados a potenciar sus posibilidades. El Consejo y sus representantes podrán evaluar cómo está su cobertura escolar, cómo se hará para avanzar en este proceso, cómo se trabajará en implementar la educación bilingí¼e, cuántos maestros hay que formar y en qué áreas. Pretendemos que el Consejo pueda tener una idea clara de la inversión que debe hacerse en cada región, de acuerdo a sus necesidades y caracterí­sticas.

Un aspecto fundamental al hablar de polí­ticas públicas, es ver de dónde van a salir los recursos. ¿Qué tipo de polí­tica fiscal tiene la Unión Democrática en mente?

Como una premisa inicial: el presupuesto general de gastos que tiene la nación alcanzarí­a, si no se robaran la mitad. Con ese presupuesto, mejorando la recaudación, ampliando la base tributaria y combatiendo el contrabando, el Estado podrí­a recaudar más. Hay dos ví­as. En la medida en que la sociedad ve que al pagar impuestos se invierte y se beneficia, la sociedad paga más y mejores impuestos. El presupuesto general de gastos de la nación darí­a para cubrir las necesidades básicas, si no se fuera la mitad por debajo de la mesa.

¿Y qué planteamiento tiene Unión Democrática en el tema de la seguridad, tomando en cuenta los alarmantes niveles de violencia y delincuencia del paí­s, las mafias y el crimen organizado?

La propuesta que estamos presentando la he podido trabajar en otros paí­ses. La propuesta es seguridad ciudadana democrática. Esta propuesta va más allá de la acción del ejercicio legí­timo de la fuerza del Estado. En esta definición entendemos que es responsabilidad del Estado, garantizar y fomentar el orden público. Pero es deber del Estado, como lo dice la Constitución, garantizar la vida, la libertad, la justicia, el desarrollo integral de la persona y la paz. Los deberes se cumplen con voluntad polí­tica, y el deber del Estado se cumple dentro de sus estructuras y a través de un marco legal establecido. La seguridad ciudadana democrática debe ser esencialmente legal. Luego, tiene que ser efectiva en términos de cumplir con esta función, pero en el ejercicio del uso legí­timo de la fuerza que es potestad del Estado. Pero dentro de ese concepto democrático, la seguridad debe ser concretada en criterios civiles, teniendo muy claro los roles de los grupos que tienen la función de la defensa de la nación, como aquellos que tienen en sus manos la aplicación de todas las polí­ticas de la seguridad democrática ciudadana. Dentro de esta polí­tica hay dos grandes áreas, la de la acción del Estado para proteger a la ciudadaní­a del crimen común y organizado, y por otro lado, el componente de los operadores de justicia. No podemos sólo reprimir y enfrentar a la delincuencia, sino tenemos que hacer que la operación de la utilización de la fuerza se traduzca en la llegada de quienes confrontan al Estado a los tribunales de justicia. Todo es voluntad polí­tica.

La seguridad democrática tiene un alto componente de participación ciudadana. ¿Cómo integrar a la población en este esfuerzo?

Esto tiene que ver mucho con el proceso de cohesión social, que es el que genera los espacios y condiciones propicios para la participación. Hay un tema que se está abordando en diferentes ambientes polí­ticos. Los temas son cohesión social y gobernabilidad. El proceso de cohesión social pasa por tres niveles: primero, el reconocimiento de la persona y de sus derechos; luego al mejorar los niveles de organización social; finalmente, mejorar los niveles de participación individual y colectiva. Estos niveles de cohesión social no son un hecho aislado; para que esto se dé, deben haber condiciones internas que lo permitan. Creo que Guatemala vive, en los últimos años, un proceso intenso de cohesión social, un proceso intenso de tomar responsabilidad ciudadana, un proceso de construcción de ciudadaní­a, y este proceso está favoreciendo los procesos de participación.