El diputado Manuel Baldizón, promotor de la ley que prohibe y penaliza la venta y activación de teléfonos celulares robados, se reunió esta mañana con autoridades de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) y representantes de las principales empresas telefónicas del país, para conocer los avances que se han obtenido en la aplicación de la ley.
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Los funcionarios de la PNC expresaron que al menos 60 negocios ubicados en todo el país han sido identificados como responsables de dedicarse a realizar la activación de estos aparatos, lo cual está prohibido desde el lunes 26 de marzo del presente año, al entrar en vigencia la denominada Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas.
El director general de la PNC, Julio Roberto Hernández Chávez, igual que el director general adjunto Henry López Gómez coincidieron en que pese a los constantes operativos que han realizado, incautando teléfonos celulares y capturando a los responsables de venderlos ilícitamente, no han contado con el apoyo de las autoridades judiciales.
En algunos casos se ha tenido que esperar más de un mes para que los juzgados respectivos emitan las órdenes de allanamiento y cuando lo hacen, las autoridades encuentran pocas pruebas para procesar a los responsables si en caso todavía permanecen en los inmuebles, se lamentaron.
El diputado Baldizón dijo estar satisfecho con la actuación de las autoridades de la PNC en estos operativos, a la vez de lamentar el reciente crimen de una niña en el departamento de Petén que había recibido como regalo de cumpleaños un teléfono celular, pero que perdió la vida en manos de delincuentes que se lo robaron.
Desde el primero de enero al 31 de julio del presente año han sido incautados 1,298 teléfonos celulares en ventas callejeras cuyos propietarios no presentaron facturas que acreditaran su compra, pero que las personas que han sido detenidas han recobrado su libertad por medio de una caución económica que les otorgan los tribunales de turno.
Como resultado de la información obtenida el diputado Baldizón no descartó la posibilidad de promover reformas al Código Procesal Penal, incluyendo pena de cárcel sin libertad a través de esta acción en contra de los responsables de dedicarse al robo de teléfonos celulares.
«Es lamentable la muerte de miles de personas que se han cometido por el robo de sus aparatos telefónicos, por lo que resulta necesario que las autoridades encargadas cumplan con su función de hacer cumplir la ley, como nosotros lo hacemos desde el Congreso, legislando en favor de la población honrada y trabajadora del país», finalizó el congresista.
Los representantes de las empresas telefónicas a través de Luis Valladares informaron que ellos trabajan desde hace un año en la implementación de la red mediante la cual se establezca que los teéfonos robados hayan sido denunciados para evitar su reactivación y enviar a la cárcel a quienes lo pretendan realizar al establecer si al momento del robo le ocasionaron la muerte a alguna persona.