Seis meses de pesquisas y «no hay investigación criminal, sino inteligencia militar», opina Javier Monterroso del FOSS. Hellen Mack juzga que «hay muchas diligencias que debieron trabajar en conjunto con El Salvador».
lahora@lahora.com.gt
El asesinato contra los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen): William Rizziery Pichinte, José Ramón González Rivas y Eduardo D’Aubuisson Munguía, miembros todos del partido oficialista de derecha de El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el chofer Gerardo Napoleón Ramírez sigue dando de qué hablar; mañana cumple seis meses.
Hasta el momento el caso permanece suspendido debido a una recusación contra el juez Noveno de Primera Instancia, Nery Medina, la cual fue presentada luego que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones emitiera el fallo que ordenó a la Junta Disciplinaria Judicial investigar posibles irregularidades en los operadores de justicia del caso.
Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, considera que existen muchas deficiencias por parte del Ministerio Público (MP) pues «ya hay un diputado con antejuicio (Manuel Castillo, independiente), pero deberían investigar también en El Salvador para establecer otros extremos», refirió.
La experta subrayó, además, que «la mayor deficiencia es que aún no hay autores intelectuales».
El jefe de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida reconoció que hay obstáculos como: «la información que se guarda en las empresas de teléfono es de muy corto plazo, además, la mayor parte de teléfonos son prepago, por lo que es difícil establecer quién es el propietario».
Otro obstáculo que refirió el fiscal es la publicación de los medios de comunicación en cuanto a información que se tiene que manejar confidencialmente para investigar.
Investigaciones
Javier Monterroso del Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales en temas de Seguridad (FOSS) dijo: «las investigaciones se siguen realizando en base a inteligencia militar».
«No sólo en éste, sino en otros casos se evidencian cuerpos de inteligencia actuando dentro del Ministerio de la Defensa que apoyan la investigación del MP, son aparatos de inteligencia militar, pero no que se encarguen tareas de seguridad ciudadana», puntualizó el analista.
Con lo anterior, Monterroso se refirió a «los informantes desconocidos, agentes encubiertos y el cruce de llamadas telefónicas entre los presuntos implicados».
Al respecto el fiscal Matus argumentó: «No hemos utilizado inteligencia militar para investigar un hecho, el ente encargado de la investigación es el MP», y agregó que, existen varias situaciones que fortalecen los indicios que esta instancia pueda tener sobre un caso.
Caso Parlacen y PNC
El cuádruple asesinato contra ciudadanos salvadoreños desnudó las deficiencias del Estado en temas de seguridad.
El representante del FOSS dijo también que «en el país existen 5 mil 800 muertes al año y los casos no avanzan, con lo que se evidencia que al sistema no le importan las víctimas comunes, sólo nivel político, social y económico como en el caso de los diputados». «El crimen organizado funciona dentro de la Policía Nacional Civil (PNC)», subrayó.
Mack aportó que existe responsabilidad por parte del MP puesto que la PNC está dispuesta a investigar «con todo y corrupción», pero el MP ha sido negligente en el ’cómo investigar los casos’, «la PNC es corrupta, pero el MP también», señaló.
Ambos analistas coincidieron en que la PNC ha colapsado dentro del sistema de investigación criminal.
El fiscal del caso respondió a esto que «mucha gente pretende que uno tenga una varita mágica para resolver un caso, pero en ninguna parte del mundo se puede resolver en menos tiempo como se hizo en éste».
El investigador añadió: «No ha habido caso en Guatemala que haya avanzado tanto como este asesinato».
Los implicados
Hasta ahora las personas vinculadas a este caso son Carlos Amílcar Orellana Donis, alias Chejazo; Linda Aura Castillo Orellana; Mario Javier Lemus Escobar, alias Yegua Arisca; Obdulio Estuardo Waldemar de León Lemus, alias Gato.
Entre los policías de la División de Investigación Criminal (DINC) implicados se encuentran: Carlos Humberto Orellana Aroche, recientemente capturado en Petén y Marvin Roberto Contreras Natareno, quien es el único al que el MP ha logrado abrir juicio. Aún está pendiente la captura de Jeiner Ercides Barillas Recinos.