En vísperas de las próximas elecciones en nuestro país, nueve organizaciones sociales participantes demandan a los candidatos que cumplan con obligaciones y compromisos éticos, políticos y jurídicos para atender el tema de las migraciones.
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Organizaciones sociales conscientes de la problemática de estos procesos y esta movilidad territorial de las poblaciones de la región centroamericana y particularmente de toda Guatemala (siendo este como país, origen, tránsito, destino y retorno) se han convertido en una estrategia de sobrevivencia y movilidad social para amplios sectores de la sociedad.
Manuel íngel Castillo, del Grupo Guatemala-México, Migración y Desarrollo, enfatizó que el Estado guatemalteco se involucre a través de sus poderes ejecutivos del gobierno, en donde este sea este el que emita debidos procesos en leyes y ordenamientos, garantizar procesos adecuados y asumir la responsabilidad de formular e instrumentar políticas de control, regulación, protección y atención a la población de los migrantes.