Claudia Paz, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), aseguró que el argumento sobre la incompatibilidad de la CICIG con la Constitución Polí­tica de la República responde a una postura polí­tica y no a bases jurí­dicas.

¿Cuál es la situación de las instituciones del Sistema de Justicia de nuestro paí­s para combatir a los cuerpos clandestinos?

Hasta el momento, el Estado ha sido ineficaz para combatir a estos grupos. La estructura con la que operan les ha permitido infiltrarse en el Ministerio Público, en la Policí­a Nacional Civil y en el Organismo Judicial, en consecuencia, estas instituciones están imposibilitadas para perseguirse a sí­ mismas. Nuestro marco legal vigente permite la instalación de la CICIG. La Corte de Constitucionalidad ya determinó que es totalmente compatible con nuestra Carta Magna. A pesar de la libertad que tendrí­a para investigar, actuarí­a siempre dentro del sistema de justicia ordinario, y en ese sentido se respetan las leyes vigentes en el paí­s.

¿Qué aspectos han incidido para que las instituciones de brindar seguridad y justicia a la población no hayan podido desarticular a estos grupos?

Son causas históricas. Durante la guerra se conformaron este tipo de estructuras dentro de las instituciones del Estado, pero fuera de la legalidad. El error fue que nunca se desmantelaron y siguieron vigentes luego del reciclaje de la Policí­a Nacional. Otro aspecto es que el sistema de carrera y evaluación de los oficiales es sumamente débil. Hacer el mal o hacer el bien no tiene ningún tipo de consecuencia.

¿Cómo se logra compatibilizar el trabajo que podrí­a hacer la CICIG con las instituciones del Estado?

A través de su mandato interno cuyo objetivo principal es fortalecer al Ministerio Público. Una vez que se depuren las instituciones del Estado y se juzgue a los responsables del crimen, se estará en las condiciones necesarias para continuar con la persecución penal de la delincuencia.

La Corte de Constitucionalidad aseguró que la CICIG no atenta contra nuestra Carta Magna, sin embargo sus detractores insisten en este argumento, ¿qué opinión le merece esta postura?

Son argumentos polí­ticos y no jurí­dicos. No hay razón para que la CICIG no sea aprobada. La única que existe es porque quienes se oponen se están protegiendo a sí­ mismos.