Pese a contar con los servicios de empresas privadas de seguridad cuyo costo es incluido en los contratos de compra o arrendamiento de viviendas en exclusivos proyectos habitacionales, los habitantes se quejan de ser ví­ctimas de asaltos, robos e incluso secuestros, perpetrados en sus propios domicilios.

Esto puede ser el resultado de la falta de legislación adecuada para establecer la legalidad de las empresas privadas de seguridad, y los requisitos que deben cumplir los elementos que en ellas laboran para dedicarse a esta actividad.

Ley Pendiente de Aprobación…

Actualmente se encuentra en la Comisión de Gobernación del Congreso de la República pendiente de ser conocida en tercera lectura, discusión por artí­culos y redacción final la iniciativa que dispone aprobar la Ley Reguladora de Entidades de Seguridad, Vigilancia e Investigación Privada, mediante la cual se pretende regular el trabajo de vigilancia particular.

Esta fue conocida en el pleno el 15 de marzo de 2005 impulsada por el diputado Mario Taracena Dí­az-Sol, en ese entonces jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y actualmente representante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En la exposición de motivos, el diputado Taracena destaca que «la ola de violencia, el crimen organizado y la delincuencia común han acentuado las necesidades sociales de seguridad de la mayorí­a de la población y una de las soluciones ha sido la de constituir entidades de seguridad, investigación y vigilancia privada para combatir la criminalidad y violencia que actualmente priva en la sociedad guatemalteca, afectando al paí­s, a sus habitantes, a las entidades públicas y privadas, y lo que es más grave, al desarrollo económico y social, así­ como el Estado de Derecho, la justicia y la equidad; por ello se considera una necesidad social impostergable la de crear no sólo un esquema jurí­dico que permita el desarrollo de entidades individuales y colectivas privadas de investigación y seguridad, sino también que sea organizado, regulado, supervisado y controlado por órganos del Estado que sean procedentes».

También establece que «la constitución de entidades privadas de seguridad y vigilancia es un fenómeno producido por la carencia o falta de seguridad que las instituciones del Estado manifiestan en sus actuaciones, bien sea por negligencia, por carencias particulares o falta de capacidad para combatir con efectividad la violencia y criminalidad que azota al paí­s y a sus habitantes».

La citada iniciativa, identificada con el número de registro 3211, establece que las personas que pretendan laborar en entidades privadas de seguridad deberán de cumplir con los siguientes requisitos: ser guatemalteco, mayor de 25 años de edad, como mí­nimo sexto grado de primaria, carencia de antecedentes policí­acos por los últimos cinco años, si laboró en la Policí­a Nacional Civil o el Ejército deberá presentar razón de su baja para comprobar que no fue a causa de mala conducta o faltas en el servicio.

Trámite tardado…

A criterio del capitán Primero de Infanterí­a Carlos Rodolfo Muñoz Piloña, gerente general de la empresa Unidad de Seguridad y Servicios Integrales Sociedad Anónima (USI), aproximadamente 60 empresas de este tipo se encuentran legalmente registradas e inscritas en la Cámara de Comercio.

El entrevistado dijo desconocer cuántas funcionan de manera ilegal, indicando que el trámite es tardado, destacando que en su caso le tomó 4 años y 9 meses que le fuera autorizado iniciar su funcionamiento, lo cual es el resultado de no haber otorgado ningún tipo de soborno para evitar el trámite respectivo.

La formación de una entidad privada de seguridad se inicia con los registros mercantiles y en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), contar con un mí­nimo de 20 hombres, cuyos datos personales son investigados minuciosamente y luego trasladados a los registros de la Policí­a Nacional Civil, (PNC), además de someterlos a pruebas fí­sicas y psicológicas para calificarlos como aptos para realizar esa labor, continuó.

En lo relacionado con la empresa USI, el capitán Muñoz Piloña expresó que los elementos son capacitados constantemente y llevados a realizar pruebas de tiro, sometidos a investigación y pruebas de refresco, además de analizar los delitos más constantes que se han dado en el medio para encontrarles alternativas favorables.

En la actualidad se imparten cursos de capacitación para instructores de seguridad privada en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), que son avalados por la PNC y por la Gremial de Compañí­as de Seguridad Privada, cuya presidencia entregó recientemente al general Alfredo Trujillo, finalizó Muñoz Piloña.