Ya se iniciaron diligencias y se solicitaron distintos informes a la Superintendencia de Bancos y el Registro Mercantil y se solicitaron los arraigos correspondientes en contra de los representantes de la empresa Tarjetas de Crédito y Cuentas, S. A, informó la fiscalía que conoció las denuncias.
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Jorge Luis Donado, jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), informó sobre éste y otros aspectos relacionados con el cierre de la financiera referida.
«Se ha iniciado un rastreo con relación a bienes y cuentas bancarias y esperamos tener respuestas por la tarde» refirió el fiscal Donado y añadió que las acciones que el MP toma hasta el momento son de carácter «precautorio».
La orden de arraigo en contra de Carlos Enrique Castillo Galindo, representante legal de la inmobiliaria, Sergio Chacón Gómez, gerente general y Gloria Magdalena Gómez Fernández, presidenta del Consejo de Administración de la entidad, fue ordenada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal esta mañana, dicho juzgado dictó orden de captura y allanamientos, así como el embargo de cuentas personales en bancos del sistema.
Sin suficiente documentación
El MP informó que precisa «bastante información para determinar si se cometió ilícito», puesto que esta entidad investiga si la captación de fondos era efectuada de manera ilícita en la entidad.
El fiscal indicó que posee información preliminar respecto a que la captación de fondos se efectuaba a través de mutuos y que ésta era para «capital de trabajo».
Donado dijo finalmente que la investigación va a determinar si el dinero que se captó sirvió para financiar algo o se colocó en empresas ilícitas.
Temen abandono del país
Entre los afectados con el cierre de la inmobiliaria se rumora que los sindicados ya han abandonado el país. A la sala de redacción de Diario La Hora fue enviado un correo electrónico que hacía constatar dichos datos.
De acuerdo con los reportes de la Dirección General de Migración, no se tiene información sobre la salida del país de los representantes de la financiera, puesto que «ya se verificaron los movimientos migratorios de dichas personas y no les aparece ninguna salida del país», sin embargo los informantes no descartan que lo hayan hecho de forma ilícita por vías alternas.