Representantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), se presentaron a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones en los tribunales de justicia, para respaldar la solicitud de documentos militares solicitados por un juez al Ministerio de la Defensa.
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El juez segundo de Primera Instancia Penal, Roberto Peñate, fue quien solicitó al Ministerio de la Defensa conocer los documentos que podrían confirmar la autoría en las masacres realizadas contra pueblos enteros de 1981 a 1983.
Sin embargo, el Ministerio de la Defensa apeló dicha resolución que fue enviada a la sala Segunda de la Corte de Apelaciones, puesto que «el conocimiento viola el secreto de estado, en base al artículo 30 de la Constitución Política de la República, que protege la confidencialidad de los escritos militares», afirmó el Ministerio Público y el Estado Mayor.
En la audiencia de hoy el tribunal fue presidido por el juez Napoleón Gutiérrez, quien inició la audiencia fijada a las 11 de la mañana sin la presencia de los representantes del Ministerio de la Defensa, éste se presentó minutos después de iniciada la vista.
El licenciado Juan Francisco Soto, representante de CALDH, indicó que han visto «un retardo en el caso, pues las querellas se presentaron desde 2001 y lamentablemente el MP no ha ejercido la investigación correspondiente».
Soto añadió que «es imposible que la justicia avance», debido al poco pronunciamiento del MP en las querellas.
Mario Domingo Montejo, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, ODHA indicó: «está confirmado, los documentos militares sí existen».
Los documentos
Entre los informes militares solicitados en la resolución del Juez Segundo de Primera Instancia se encuentra el denominado, «Plan Sofía», el cual es una división del Plan Victoria 82. Este último fue el único documento militar al que tuvo acceso la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
El primero contenía las operaciones específicas que se debían ejecutar en Quiché, las cuales fueron asignadas a la Fuerza de Tarea Gumarkaj, que operaba en ese departamento.
En el caso nacional por el delito de genocidio se investiga a Efraín Ríos Montt, al ex jefe de Estado, í“scar Humberto Mejía Víctores, y a otros militares de la época.
A la vista pública se presentaron varias decenas de personas representantes de las distintas organizaciones de derechos humanos que se agregaron como querellantes en el proceso judicial en contra del ex mandatario militar Ríos Montt.