El representante legal de la constructora Tradeco Infraestructura se presentó a la Sala de Vistas de la Corte de Constitucionalidad (CC), para presentar un recurso de Inconstitucionalidad por la supuesta inmunidad que posee la Afianzadora General de la Organización para los Migrantes (OIM).

Lo anterior debido a que la parte demandante recibió un contrato con OIM, para la ejecución de 160 kilómetros de carretera en el departamento de Huehuetenango.

Eduardo Gonzáles Portillo, representante legal de Tradeco afirmó que el contrato fue modificado varias veces, «tanto en plazo como en monto» y llegó alrededor de 180 millones de quetzales.

«Tuvimos problemas desde el principio porque el proyecto no estaba bien diseñado», asegura Gonzáles Portillo y añadió que la OIM «nunca pagó puntualmente los contratos».

Sin embargo el avance fí­sico de la obra pudo ser estimado en un 56 por ciento y el financiero en un 52.

Los demandantes aseveran además que antes de terminar legalmente el contrato, Tradeco acudió a tribunales para exigir que le fueran pagados daños y perjuicios, no obstante OIM «terminó el contrato de manera extrajudicial», y lo entregó a otra entidad guatemalteca, el representante legal de la primera aseguró que la deuda actual asciende a 230 millones de quetzales aproximadamente.

Alegan inmunidad

Con la inconstitucionalidad presentada en la CC los demandantes buscan conocer si la inmunidad que teóricamente posee la OIM tiene valor en el paí­s.

Lo anterior debido a un convenio firmado entre la República de Guatemala y la OIM, llamado Convenio para la Organización Internacional de las Migraciones y Privilegios e Inmunidades en Guatemala, suscrito en 1995, el cual le otorga ciertos privilegios de inmunidad aplicable al ordenamiento jurí­dico de la nación.

Al respecto la representante del Ministerio Público (MP), Edith Zamora indicó que no considera que «no se violan los artí­culos constitucionales debido a que el mencionado convenio forma parte del ordenamiento jurí­dico».

El abogado demandante planteó que «cuando se le otorga inmunidad a alguien se está generando una desigualdad», y que «la impunidad con la que ellos gozan para facilitar sus funciones en el paí­s podrí­a servir para que tengan inmunidad en cualquier delito».