Legalizan espionaje telefónico


Analistas opinan que este reglamento podrí­a violentar los derechos de los guatemaltecos.

Con el objeto de prevenir y combatir la delincuencia organizada, el Ministerio de Gobernación emitió el reglamento para la aplicación del método especial de investigación de interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación.

Cindy Quintanilla

Esto mediante el Acuerdo gubernativo 188-2007, que complementa la ley de seguridad, el cual reza que las interceptaciones de comunicaciones tienen como finalidad obtener información y evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de los grupos delictivos organizados.

La ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, aseguró que esto es un logro para la aplicación de la ley, pues es una buena herramienta para la investigación de crí­menes. Agregó que las interceptaciones de comunicación se harán efectivas desde el marco de la ley, es decir, con la autorización de un juez.

Esfuerzos contra extorsiones

«Con este reglamento hacemos una lucha de esfuerzos contra las extorsiones, sabiendo que con ello no terminarán totalmente, pero sí­ ayudará a controlarlas, pues se podrá combatir el crimen organizado, además, se facilitará las capturas de quienes integren las bandas», expuso De Torrebiarte.

Sin embargo, analistas polí­ticos opinan que con este reglamento se podrí­an violar los derechos constitucionales de los guatemaltecos, ya que pueden existir abusos mediante la interceptación de llamadas telefónicas de ciudadanos honestos.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), mencionó que aunque este reglamento puede ser positivo, les preocupa que existan casos que podrí­an privar los derechos de libertad de expresión del ciudadano, lo cual violentarí­a la ley.

«Ojalá no se regrese al pasado»

Polanco agregó que es necesario que se establezca una polí­tica de seguridad que se acople a las necesidades de la población, para no regresar a los tiempos pasados cuando las lí­neas telefónicas de todos los guatemaltecos eran intervenidas, y con ello se tení­a el control de la población.

De la misma forma, Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, aseguró que les preocupa que con este reglamento incida la participación de la inteligencia militar, lo cual coadyuvarí­a a que se registren abusos como el espionaje.

Esto último, aseguró, va contra la ley y perjudicarí­a a la mayorí­a de los ciudadanos, por lo que considera que es necesario que se evalúe detenidamente este reglamento, para que sea utilizado de forma que beneficie y no que perjudique.