María del Carmen Barrera Aragón de Dávila, de 52 años, y Carmen Lucía Dávila Barrera, de 23, son sindicadas por el delito del encubrimiento propio por el asesinato del sacerdote José María Ruiz Furlán, perpetrado el 14 de diciembre de 2003.
lahora@lahora.com.gt
Las acusadas fueron aprehendidas hoy a las seis de la mañana según la orden emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Organismo Judicial.
Milton Durán, fiscal del Ministerio Público (MP) indicó que dentro de la información que las ahora detenidas han prestado a la fiscalía, «sólo han logrado eludir las investigaciones para determinar quién es el autor material del hecho». Lo que las vincula en el delito que se les imputa.
José Luis Vallecillos Morales, abogado defensor de la familia Barreda reiteró que no existe nada que investigar y que sus clientes son inocentes. «Esta es una forma de presión para justificar el trabajo del MP durante cuatro años, puesto que hemos dado toda la colaboración para la investigación», subrayó Vallecillos.
La señora Barrera de Dávila reiteró, repetidamente, que sólo tenía 35 años de tener una amistad con el difunto padre, y que «desafortunadamente», indicó, el día de los hechos únicamente ella y su hija acompañaron a Ruiz Furlán hasta su casa.
La acusada indicó que en la acusación que se le hace existen otros intereses de fondo y denunció que ha sido de alguna manera intimidada por parte del MP, a través de llamadas telefónicas. El fiscal Durán desmintió dicho extremo.
El investigador del caso insistió que madre e hija acompañaban a la víctima el día de su asesinato, «tuvieron enfrente a los asesinos y han dado poca información a las autoridades como testigos presenciales del hecho», comentó el fiscal.
El MP guarda hasta ahora las hipótesis sobre el crimen, pero no descartan que los autores materiales deberán ser individualizados en poco tiempo, no obstante, la fiscalía del caso presume que uno de los móviles del crimen es el dinero, puesto que el religioso manejaba varias empresas.
El documento con el que se hizo efectivo el allanamiento, para dar con las ahora sindicadas, consta sobre las declaraciones de una de las feligresas de la iglesia del Padre «Chemita», a quien éste mencionó que temía que las ahora acusadas lo asesinaran.