Inicia juicio


Marco Tulio Acosta Sac, enfrenta a la justicia por supuesta facilitación de fondos del IGSS, a través de la sobrevaloración de bienes.

El señor Marco Tulio Acosta Sac será juzgado por la justicia por coadyuvar al desfalco de aproximadamente 350 millones de quetzales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) según la acusación planteada por el Ministerio Público (MP).

Gerson Ortiz
lahora@lahora.com.gt

En el Tribunal Undécimo de Sentencia dio inicio el debate oral y público en contra del sindicado, por posible participación en el desfalco millonario del IGSS, donde los fondos de un fideicomiso del seguro social, denominado Fiprodeso, que ascendí­a a Q350 millones fueron usurpados, según han afirmado directivos.

La acusación planteada por el MP argumenta que el acusado facilitó la sustracción de fondos a través de la sobrevaloración de fincas que dicha institución comprara. Los delitos por los que es procesado son: estafa mediante informaciones contables y falsedad material.

Dichas valoraciones efectuadas por Acosta Sac sobrepasaron un 907 por ciento más de lo que la Contralorí­a General de Cuentas valoraba los inmuebles.

Acosta Sac accedió a declarar ante el Tribunal Undécimo citando que el valor de un bien no debe considerarse como fijo.

El acusado añadió que habí­a estado detenido anteriormente por el delito de falsedad material, por el cual fue dejado en libertad por falta de mérito.

Los abogados del IGSS, postulados como querellantes adhesivos en este caso, advirtieron sobre un posible cambio en la calificación de la figura jurí­dica (delito), la defensa de Acosta, representada por la defensorí­a Pública Penal se opuso a dicho extremo. El tribunal declaró con lugar la solicitud de los querellantes.

Entre los avalúos realizados por Marco Tulio Acosta Sac, se encuentran una finca que valoró en 42 millones de quetzales, la cual era estimada por la Contralorí­a General de Cuentas en cuatro millones de quetzales.

Así­ también se encuentra el avalúo de un inmueble por 25 millones de quetzales, cuyo valor oficial es de dos millones y otro valorado en 201 millones, cuyo valor gubernamental es de 18 millones de quetzales, según cifras de la Contralorí­a General de Cuentas.