Previo a presentar el informe anual de las operaciones realizadas por la Contralorí­a General de Cuentas (CGC), el titular de la mencionada cartera, Carlos Mencos, concedió una entrevista a Diario La Hora en donde se refirió a los principales problemas que ha afrontado la institución en los últimos meses.

Pregunta: Algunos diputados de oposición han cuestionado la función fiscalizadora de la CGC, ¿qué opinión le merecen esas apreciaciones?

Respuesta: Yo respeto cada uno de los puntos de vista, aunque en este caso no los comparto; hemos realizado esfuerzos extraordinarios con el fin de ejecutar las auditorí­as que por ley nos corresponde, pero es claro que hay procedimientos de auditorí­a y sistemas que deben ser evaluados.

Hemos estado realizando esfuerzos que lamentablemente no se reconocen.

P.: Menciona que hay sistemas de fiscalización que deben ser evaluados, ¿a cuáles se refiere?

R.: Por ejemplo, en los procedimientos de auditorí­a hacemos una evaluación de control interno, en algunos lugares hay que profundizar porque se presentan vulnerabilidades en sus procesos, esto hace evaluar a profundidad con el fin de recomendar que se emitan reglamentos para corregir su sistema.

P: ¿Qué acciones se han implementado para fiscalizar a las instituciones que manejan fondos públicos y que no abren su contabilidad a Contralorí­a por mandato constitucional?

R: Estamos realizando una serie de acciones con el fin de obligar a las instituciones involucradas a que a través de ellas podamos obtener la información necesaria, puesto que no podemos entrar en los bancos a conocer el tema de los fideicomisos. En lo particular quisiera que las reglas cambiaran y que las instituciones se sujetaran a la Ley de Contrataciones del Estado, la cual nos permite evaluar todos los procesos desarrollados en las unidades ejecutoras de gobierno, las cuales son las responsables del manejo de los fondos; puesto que cuando se trasladan fondos a otras unidades nos complican la labor de fiscalización.

P.: La CGC conjuntamente con otras instituciones suscribieron un acuerdo con el Presidente del Congreso de la República, en donde los legisladores se comprometí­an a trabajar en las leyes que previnieran todo tipo de traslado que no pueda ser verificado por la CGC, ¿qué frutos ha rendido?

R.: Ese acuerdo fue concretado bajo el nombre de Foro Permanente, en el cual colaboran instituciones de la sociedad civil como lo es Acción Ciudadana, el Centro de Investigación Económica Nacional y la Cámara de la Industria; desde este foro evaluamos muchos temas, siendo uno de ellos el realizar una propuesta para elaborar una reforma legal que resuelva de forma definitiva la ejecución de fondos públicos por empresas que no puedan ser fiscalizadas; de concretarse las legislaciones pertinentes en esta materia evitarí­a que la CGC tenga un freno que impida exigir información a las instituciones que ejecuten fondos del erario nacional.

P.: Tomando en cuenta las sesiones que realizará el Organismo Legislativo en los últimos meses de esta gestión, ¿confí­a usted que la actual administración resuelva estas barreras legales?

R.: Confiamos que los legisladores den prioridad a estos temas en las sesiones extraordinarias que realicen. En la actualidad la proliferación de intermediarios financieros se fue de control; debemos hacer alianzas para poner punto final a esta mala práctica, con lo cual garantizarí­amos una fiscalización efectiva.

P.: En cuanto a la ejecución presupuestaria que se debe presentar ante el Organismo Legislativo el 31 de mayo próximo, ¿se contempla algún tipo de fiscalización a obras como la ampliación del aeropuerto internacional La Aurora, las obras a discreción asignadas a los diputados, o el Transmetro, cuyos entes ejecutadores son el OACI, OIM y el PNUD respectivamente?

R.: Incluyen aspectos relacionados con la documentación que se maneja en las autoridades públicas; en el caso de OACI será Aeronáutica Civil, en OIM las instituciones las cuales trasladaron recurso, en el informe hay ciertas observaciones, pero no son suficientes.

Nosotros necesitamos tener el universo de las operaciones, pues el problema es que cuando evaluamos las mismas, es en un momento tardí­o, pues se da hasta que liquidan los organismos internacionales o intermediadores con la institución que les facilitó los recursos.

P.: La información que la CGC solicitó a las instituciones involucradas en los traslados millonarios ¿qué resultado dio?

R.: Todos esos datos irán incluidos en el informe que se presentará en el Congreso el próximo 31 de mayo; no obstante, hay casos especiales que se pueden mencionar, como lo es la transferencia de Q16 millones que Aeronáutica Civil trasladó a OACI destinados a la compra de helicópteros. En esa operación se evidenció un traslado ilegal, pues no existe un convenio establecido para ese propósito; la transferencia la hicieron tomando como base el convenio marco de ampliación del aeropuerto.

P.: ¿Es letra muerta el artí­culo constitucional que ordena a la CGC fiscalizar hasta el último centavo proveniente del erario público?

R.: Yo no lo considerarí­a así­, al contrario, creo que debemos ver la fortaleza que ese artí­culo tiene para focalizar cuáles deberí­an de ser las acciones de la CGC, para que se garantice los mecanismos de ejecución presupuestaria.

P.: En su opinión ¿qué se necesita para hacer cumplir esta normativa constitucional a cabalidad?

R.: Que todos los que tenemos que ver con el manejo de recurso público asumamos la responsabilidad que tenemos haciendo uso de esos fondos, atendiendo lo que manda la ley, no sólo ejecutar sino estar fiscalizados de forma pronta y efectiva

P.: ¿Está en contra de los fideicomisos?

R.: Las instituciones fueron creadas para hacer un trabajo; pareciera que los funcionarios de estas instituciones se han relajado optando por trasladar los recursos para que sea otra institución quien los ejecute, pero en este caso lo que más preocupa es que las instituciones son únicamente pagadoras en el fideicomiso, porque el comité técnico que nombra el manejo de fideicomisos es quien decide qué empresa contratar, y cada uno de los pagos que debe hacer el banco son autorizados por el comité técnico, alejándose así­ de la institucionalidad del Estado, por lo cual la administración pareciera buscar discrecionalidad en el uso de los fondos.

P.: ¿Qué se debe hacer en este caso?

R.: Las entidades públicas deben poner de nuevo su capacidad de gestión, salvo en casos de extrema necesidad, que nos obligue a usar mecanismos alternativos de manera pronta; es válido, pero en un ejercicio normal, en lo personal lo descalifico.