En Guatemala, de cada 10 niños que ingresan al primer grado sólo cuatro terminan la primaria, más de medio millón de infantes no asisten a la escuela, es decir, el 26 por ciento de la población total entre los siete y 14 años; cada año, más de 200 mil niños y niñas abandonan la escuela.

Cifras claras de una dura realidad, sobrevivir es la consigna para estos niños y niñas, ayudar al mantenimiento de sus hogares, trabajar, dejar a un lado los sueños, los juegos y la posibilidad de un futuro prometedor.

Y de esto se habla mucho, se hacen estudios, proyecciones, promesas ?sobre todo en esta época?, y se fijan metas, mismas que difí­cilmente podrán alcanzarse, porque además de la adversidad y la pobreza que enfrenta el paí­s, no existe voluntad por parte de las autoridades, los intereses predominan sobre los derechos y claro está, quien grita más fuerte es quien se hace escuchar o mejor dicho quien logra acallar a los demás.

Y al guardar silencio se violan derechos, leyes y tratados, se altera la vida de muchas personas, se truncan sueños y se avala la corrupción, la prepotencia y se perpetúa la pobreza.

Para evitar esto, para que las arbitrariedades cesen y para defender a sus hijos y que no sean parte de estas cifras de deserción, los padres de familia de los estudiantes de la Escuela Oficial Urbana Mixta Humberto Corzo Guzmán de San Pedro la Laguna han y siguen librando una batalla contra el alcalde oficialista Guillermo Batz, para que la escuela no sea cerrada, destruida y se convierta en mercado.

Los hechos

De acuerdo con José Antonio Hernández Chavajay, de la asociación de padres de familia de esta escuela, el aviso de desalojo de la misma y del traslado a Pachanay cantón Chuasanaí­ a dos kilómetros del centro de San Pedro, fue como un balde de agua frí­a para padres, maestros y alumnos. No hubo consultas previas, no se tomó en cuenta el costo de transporte en el que deberí­an incurrir los padres al enviar a sus hijos a la nueva escuela (Q 3 por niño), ni tampoco, el que en esta escuela que se encuentra en el centro se desarrollaran tres jornadas de educación, una de ellas nocturna.

Ante la resistencia de ellos, las amenazas y la violencia que se suscitó, los maestros se trasladaron a las nuevas instalaciones por temor a perder su trabajo, y los niños y niñas de San Pedro quedaron temporalmente sin aval del Ministerio, sin refacción escolar (ésta aún no se les da) y expuestos a las represalias de la Municipalidad, afirma Hernández.

Además, se interpusieron demandas y amparos ante la Procuradurí­a de Derechos Humanos por parte de los padres de familia; de esta cuenta, en el documento firmado por Dunia Tobar de Leal, Procuradora Adjunta II, se resolvió «declarar la violación del derecho humano a la consulta a los pueblos indí­genas por ejecución de proyecto sin consulta y sin evaluar la incidencia social cultural y sobre el medio ambiente», y se señaló como responsable al alcalde Guillermo Batz y a Marcelino Ajcabul, director departamental de Educación. Lamentablemente el que Derechos Humanos tuviera conocimiento del caso no ha servido de nada, pues la situación a la fecha, no ha cambiado para los estudiantes de San Pedro.

Por otro lado, la diputada Lucrecia Marroquí­n de Palomo, de la Comisión de Educación, considera que éste es un conflicto polí­tico, en el que prevalecen los intereses del alcalde. Ella por su parte, a través de la instancia que representa, medió con el Ministerio de Educación para que se diera la inscripción de los niños y niñas, antes del 31 de marzo, acción que ya se ejecutó; sin embargo, no ha sido posible conseguir el nombramiento de los maestros.

De acuerdo con De Palomo, la población necesita de ambas instituciones para darle cobertura a toda la población estudiantil, es decir, la escuela que quieren derribar y la nueva, pero las autoridades del MINEDUC, según ella, han hecho caso omiso de esto y, se han empeñado en el traslado de la escuela hacia el cantón aun y cuando documentos de Guatecompras son claros al señalar que la construcción de este edificio se habí­a solicitado como proyecto de construcción de la escuela del Cantón Chuasanaí­

Además, al construir esta nueva escuela se ha incurrido en un delito, ya que el Acuerdo Ministerial 469 del 12 de noviembre de 1996 cita que todas las escuelas que trabajan con el Pronade deben estar por lo menos a más de 3 kilómetros de distancia de otra escuela, y en este caso la nueva escuela se construyó a menos de una cuadra de una del Pronade.

La otra versión

En respuesta a lo que las personas de San Pedro y la diputada De Palomo dicen, el viceministro de Educación Celso Chaclán afirma que tal y como lo dice la parlamentaria, este es un problema polí­tico de la comunidad, y que ellos lo único que han hecho es trasladarse al edificio que la Municipalidad otorgó para el funcionamiento de la escuela. Chaclán explica que este ha sido un largo proceso, en el cual se ha tratado de llegar a acuerdos, que lamentablemente han sido infructuosos.

El considera que el alcalde Batz ha tenido una actitud positiva en todo esto y que es la comunidad la que se resiste a utilizar la nueva escuela que, según él, no está tan lejos y es más adecuada para los estudiantes. Sin embargo, no descarta que de permitir el alcalde Batz que se utilicen los dos edificios, serí­a oportuno implementar en uno de ellos una telesecundaria. Afirma que han apoyado a los estudiantes para que legalmente estén inscritos ante el MINEDUC y que está solamente en manos de los habitantes del municipio la resolución del conflicto.

Ezequiel Cotuc, secretario municipal de San Pedro, habló en representación del alcalde aduciendo también que todo esto es un problema polí­tico que la oposición ha tramado para impedir que Batz ocupe de nuevo la alcaldí­a. í‰l asegura que la escuela se construyó a solicitud de los padres de familia y que el porcentaje de padres descontentos es mí­nimo. Al cierre de este reportaje, no se habí­a recibido la información que Cotuc prometió para demostrar que el alcalde Batz ha hecho todo conforme la ley y con los mejores propósitos para San Pedro.

Así­ las cosas, las pruebas presentadas por los padres de familia de San Pedro hablan claro, la lucha por defender el derecho de sus hijos de educación y de seguridad, y también de que se respeten sus derechos ciudadanos son la mejor manifestación de que van por un cambio, un cambio que quiere evitar la deserción, el abuso y contribuir a la dignificación del ser humano. Ahora sólo falta ver qué hace la PDH, la Gobernación de Sololá, el Congreso y quienes tienen a su cargo proteger a los guatemaltecos y las guatemaltecas.