Los hechos de violencia perpetrados contra pilotos del transporte urbano, aunados a la incapacidad de las fuerzas de seguridad para brindar protección a la ciudadaní­a ha creado una escasez de pilotos según la gremial de transportistas.

En lo que va del año 20 choferes y siete ayudantes han sido ultimados por negarse a entregar el «impuesto» a los grupos de pandillas juveniles, quienes operan en la mayorí­a de sectores de la ciudad de Guatemala, asegura Luis Gómez, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Urbanos.

El ambiente de criminalidad que campea en el paí­s ha causado la deserción de muchos trabajadores dedicados a esta ocupación, expresa Gómez, quien refiere que este problema lo afrontan las diferentes empresas dedicadas al transporte colectivo.

Según los empresarios, los pilotos temen por su vida, razón por la que optan por buscar oportunidad en otras actividades; aseguran que se llenan las plazas con nuevos aspirantes, no obstante afirman que el nivel de intimidación causa a un tiempo que más trabajadores desistan de la actividad.

Esto ha causado que muchos buses urbanos se queden en los predios por no contar con personal, asegura Gómez.

Esto ha motivado a la Asociación de Transportistas solicitar a las autoridades de Gobernación que los planes de vigilancia se establezcan de forma permanente y no únicamente de una forma emergente.

VIOLENCIA EVIDENCIA INGOBERNABILIDAD

Según Carmen Aí­da Ibarra de la Fundación Myrna Mack, en efecto, hace falta un plan especí­fico y permanente que afronte este tipo de delincuencia, el cual desnuda la ingobernabilidad del Estado, refiriendo que la Policí­a Nacional Civil no ha logrado contener el nivel de terror que las pandillas causan en sus zonas de influencia.

Para el analista Marco Antonio Barahona, los recursos con los que cuentan las fuerzas de seguridad para implementar planes permanentes es muy limitado, refiriendo que «no se tienen los recursos humanos ni los fondos económicos para tener ese tipo de presencia en las calles.»

Por el momento la cartera de Gobernación mantiene dispositivos de seguridad en áreas consideradas como zonas rojas, y no cuentan con un plan permanente al respecto.