La semana pasada concluía sobre lo que es el crimen organizado, haciendo una apelación para tratar el problema como uno de seguridad nacional, y no sólo como de seguridad pública. Las capturas y las operaciones policiales de las últimas semanas harían suponer que el Gobierno se aferra al concepto de seguridad pública, y que a manera de transmitir tranquilidad a la población y la comunidad internacional, no está dispuesto a ubicar en su justa dimensión el problema del crimen organizado en Guatemala.
Insisto, no es mi intención ser alarmista o exagerar el estado de situación, pero la sumatoria de fuerzas involucradas tanto del Estado como de los grupos criminales, por la dimensión geográfica de las zonas afectadas; por la cantidad y frecuencia de los hechos violentos; por el número de víctimas y por el armamento y medios de que disponen los criminales, no me dejan otra opción de insistir en el concepto de seguridad nacional.
Sólo el número de víctimas violentas, relacionadas a alguna de las manifestaciones del crimen organizado, subraya el carácter de la “nueva guerra†que se está librando en nuestro territorio.
Esta “nueva guerra†provocada por el crimen organizado –extorsiones, secuestros, contrabando, narcotráfico, sicariato, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de especies en vías de extinción, fraudes, corrupción– no sólo se puede vincular a debilidad del Estado y a la pobreza en el país, en definitiva la motivación central y única de estos grupos criminales es la codicia y el enriquecimiento ilícito. Se trata claramente de una guerra basada en una agenda económica, en la cual la violencia de los grupos criminales no tiene como propósito cambiar la ley, sino hacer que la ley no funcione.
La “nueva guerra†es un conflicto con múltiples bandos que combaten entre sí para tratar de establecer una especie de dominio tribal. Pero no hay que confundirse, no se trata de tribus urbanas o rurales peleando por controles territoriales, son empresas criminales perfectamente estructuradas. La mutación de las maras es el mejor ejemplo. Hay claras evidencias que la estructura vertical de las maras como la MS o la 18, tiene sus cabezas en Los íngeles o Chicago, y que dejaron de ser operadores de otros, para ser en sí mismas complejas empresas criminales diversificadas y transnacionales. El resultado final es que el Estado perdió el monopolio de la violencia y el territorio y la sociedad va camino a feudalizarse con espacios y comunidades cerradas.
El creciente conflicto posee una motivación económica que tiene entre otras, la característica de una brutalidad sistemática hacia los civiles. Las masacres, las decapitaciones, son atrocidades para ejercer dominio y asegurar beneficios económicos. Si antes la pobreza y los vacíos de autoridad se convertían en oportunidades para la insurgencia política, ahora se convierten en oportunidades para grupos criminales movidos por la codicia; son esos grupos los que ahora llenan cualquier vacío de poder.
Hay que estar claros, nuestras instituciones policiales y militares no están preparadas para enfrentar esta “nueva guerra†en la cual el enemigo a veces combate, a veces corrompe comprando protección y en otras pacta con los funcionarios públicos. Por su presencia territorial debería ser considerado un problema militar, pero por su actividad es un problema policial. Se vuelve indispensable calificar y hacer crecer las policías. Pero este nuevo reto a la seguridad está volviendo obsoletas: la doctrina, el despliegue y la organización del Ejército de Guatemala. Por ello, estoy convencido que el Libro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala del año 2003, el cual no sólo no se cumplió en su contenido, pero en particular está rebasado por los nuevos desafíos y riesgos a la seguridad nacional, la soberanía nacional e integralidad del territorio, tiene que ser reescrito.
Los factores detonantes de la “nueva guerra†en Guatemala se listan así:
1. Estado débil en recursos y en presencia territorial.
2. Gran disponibilidad de armas ilegales.
3. Existencia de zonas de difícil acceso y con pocos servicios.
4. Economía legal incapaz de competir con la economía criminal.
5. Corrupción como antivalor generalizado.
6. Territorios con valor estratégico para el comercio ilícito.
7. Instituciones de seguridad corruptas e ineficientes.
8. Ausencia severa de una cultura de legalidad.
9. Pobreza.
10. Disponibilidad cultural para la violencia.
El crimen organizado ha debilitado al Estado desde adentro, pero también ha cooptado a la sociedad. La codicia, la idolatría al dinero fácil, el enriquecimiento ilícito como fin y la ganancia por el medio más fácil, son fenómenos sociales que corrompen la mente y el alma.
Esto nos impone la urgencia de regenerar y fortalecer las instituciones privadas y públicas; de reformar profundamente la seguridad y la justicia; de atender en serio la pobreza, de promover una ciudadanía activa y responsable; de llevar servicios a barrios y zonas rurales olvidadas; de generar empleos para los jóvenes; de hacer crecer las economías y de mejorar la recaudación fiscal para darle a los Estados su verdadera dimensión.