Investigadores de la Fiscalí­a de Delitos Administrativos del Ministerio Público presentarán esta tarde un memorándum que determinará el futuro del caso de Juana Méndez, una mujer indí­gena de 42 años que fue violada por agentes de la Policí­a Nacional Civil en la Comisarí­a de Nebaj, Quiché.

Juana Méndez, vecina de la aldea Macalajau de Uspantán, Quiché, fue detenida el 20 de diciembre de 2004 por miembros de la PNC y enviada al centro de detención de Chimaltenango.

El 17 de enero de 2005 fue trasladada del centro de detención a la población de Nebaj con el objeto de presentar su primera declaración ante el Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio mencionado.

Según versiones de los agentes de seguridad que trasladaron a Méndez, cuando llegaron a Nebaj, el juzgado estaba cerrado, por lo que tuvieron que ingresarla a la Comisarí­a de Policí­a de esa población. Juana Méndez debí­a pasar la noche esperando su audiencia.

De acuerdo con las declaraciones de Méndez, tres de los policí­as que la custodiaban y que estaban en estado de embriaguez la agredieron sexualmente. Para lograr su propósito le apuntaron a la cabeza con una pistola y la insultaron. Luego la desnudaron y mientras era violada apagaban y encendí­an las luces del lugar burlándose de lo que ocurrí­a. Al final, la obligaron a caminar desnuda por la comisarí­a.

En el lugar estaban otros policí­as, dos hombres detenidos y una mujer que presenciaron diferentes partes de los hechos. Al dí­a siguiente, Juana Méndez denunció la vejación ante el juez que le iba a recibir la declaración.

Estos hechos son investigados por la fiscal agente Rosa Orellana, y mañana a más tardar, el Ministerio Público tendrá que decidir si continúa el caso para juzgar a los responsables o si cierra la investigación y el proceso contra los policí­as que abusaron sexualmente de Juana Méndez.

El MP tomó la denuncia y solicitó la declaración de los policí­as y de varios testigos. Uno de los policí­as declaró, en varias ocasiones, haber presenciado el abuso sexual contra la detenida. Otros policí­as aseguraron haber escuchado los gritos y el llanto de la mujer. Otra persona dijo que el agente Nery Aldana participó en la violación.

Luego de las primeras investigaciones y de un examen médico practicado a Méndez, el MP pidió la captura contra los agentes Nery Aldana y Rutilio Matí­as.

Durante un reconocimiento de personas en el Ministerio Público, Juana Méndez reconoció a uno de los violadores y su relato coincidió con la diligencia de reconstrucción de hechos efectuada en la instalación policial donde ocurrieron los hechos.

Para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) el Ministerio Público no ha realizado las acciones pertinentes para esclarecer el hecho y procesar a los responsables. La entidad puso en conocimiento el caso ante las autoridades del Ministerio de Gobernación.

«Uno de los principales problemas es que contra un derecho constitucional, a las mujeres se les detiene sin orden de juez y son recluidas en las comisarí­as», aseguró Ana Lucí­a Morán, encargada de género del ICCPG.

La investigación disciplinaria que llevaba la Oficina de Responsabilidad Policial (ORP) se reabrió y el caso se presentó ante el Tribunal disciplinario de la PNC, quien declaró a Nery Aldana y Rutilio Matí­as responsables de tortura contra Juana Méndez.

Esta instancia también dejó abierta la investigación para establecer la responsabilidad de resto del personal de la comisarí­a que se encontraba de turno el dí­a de los hechos.

El caso se ha complicado aún más, luego que un investigador de la ORP que llevaba el caso fue asesinado, al igual que una indigente que testificó sobre los hechos.

«Nos ha costado muchí­simo que el caso avance. Además, tememos por la seguridad de todas las personas involucradas en el caso», indicó Ana Lucí­a Morán.

Finalmente, el Tribunal de la PNC ordenó que se indagara al investigador Raúl Flores Esquivel por dejar fuera de la acusación a Gilberto Pereira, el tercer policí­a que participó en la violación.

El ICCPG, en calidad de querellante adhesivo podrí­a rebatir la desición del MP en caso no fuera favorable para Juana Méndez. «Estamos seguros que se presentará la denuncia por violación, pero lo mejor serí­a tipificar el delito como tortura», concluyó Morán.