Sobre el derecho a la vida, el Capítulo I, Artículo 3º. de la Constitución de la República de Guatemala reza que el Estado garantiza y protege la vida humana desde la concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.
No obstante, en nuestro país existen clínicas clandestinas donde laboran médicos que se dedican a practicar abortos, principalmente a jóvenes víctimas de embarazos no deseados. Esto sin que se les aplique la ley por no obedecerla.
La ex presidenta del Colegio de Abogados, Yolanda Pérez Ruiz, aduce que el problema radica en que el mayor porcentaje de embarazos no deseados en adolescentes se generan por falta de educación sexual y no utilización de anticonceptivos. Por ser este un problema social que no se enfrenta es que existe el aprovechamiento de la gente que lucra con el problema de ellas.
Para evitar que los índices de embarazos no deseados ?y por ende los abortos?, se eleven de una manera incorregible, es necesario crear conciencia en las adolescentes y demás población, para que el volverse madres no incida en la irresponsabilidad, o en la carencia de información sobre la sexualidad.
Castigo para los victimarios
Pérez Ruiz menciona que el Código Penal castiga a los médicos que ejecutan el aborto, y a la mujer que se lo practica, con uno a tres años de prisión; a los primeros, además, se les asigna una multa de quinientos a tres mil quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de dos a cinco años.
De la misma forma, a quienes obligan a la fémina a abortar, empleando la violencia, amenaza o engaño, se les penaliza con cuatro a ocho años en la cárcel.
El aborto permitido por la ley es el terapéutico, el cual es aconsejable médicamente, ya sea para favorecer a la madre, o bien al niño o niña que lleve en su vientre.
Pérez Ruiz asevera que no se trata únicamente de principios religiosos, pues la solución a este flagelo debe ser global, sin olvidar que el problema es social y su contrapartida es la delincuencia.
A favor del aborto
Rosalinda Hernández, de la Asociación La Cuerda, menciona que ella está a favor de la interrupción del embarazo, porque considera que las mujeres tienen el derecho de decidir si quieren ser madres o no, y argumenta, que cuando se vive en un Estado laico, éste debe garantizar la determinación independiente de cada una.
Hernández agrega que, es necesario despenalizar la práctica del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, expresando que, científicamente, el embrión no se considera como persona en ese tiempo.
«Para evitar que las mujeres con embarazos no deseados acudan a las clínicas clandestinas a practicarse un aborto, es necesario crear otras condiciones dignas y seguras para efectuarlo», enfatiza Hernández.
En desacuerdo
El sacerdote Francisco Ortega, de la iglesia Católica Santo Hermano Pedro, de la zona 6, explica que este tipo de actos es un atentado contra la vida, por lo que están totalmente en contra, pues la postura de ellos es defenderla desde el momento de su concepción.
«Creo que este es un tema moral, igual que el abandono de la niñez, pues basta con salir a las calles y observar tantos infantes que se mueren de hambre, por lo cual considero que el aborto al igual que otros problemas es responsabilidad de toda la sociedad, buscarle una solución», expresa Ortega.
El sacerdote hace énfasis en que es correcto que se legisle independientemente de lo que diga la Iglesia, ya sea que acierten o no, pero la religión católica siempre utilizará su derecho de pronunciarse cuando la vida del ser humano esté en peligro.
Despenalizan el aborto
Pocos días atrás, el Distrito Federal de México despenalizó la práctica del aborto, durante las 12 primeras semanas de gestación, lo cual brinda libertad a las mujeres para decidir la suspensión o no del embarazo. Con ello, los legisladores que votaron a favor de esta iniciativa fueron excomulgados.
Misma postura pretende adoptar el presidente de Brasil, Lula Da Silva, desde que el 12 de abril recién pasado, el ministro de Salud, José Gomes Temporí£o, le sugirió la realización de un plebiscito para determinar la despenalización de esa práctica, por razones de salud pública.
Ante esto, Ortega menciona que la Iglesia es moral y no legal, por lo que en caso de ocurrir lo antes expuesto en nuestro país, optaría por insistir en la doctrina, pues considera que al excomulgar a los congresistas se cae en el campo de pena y castigo.