La cosecha de la cruzada por la justicia emprendida por Hellen Mack, sigue dando frutos. Primero fue la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala por la responsabilidad en el asesinato de su hermana, la antropóloga que pereció apuñalada el 11 de septiembre de 1990.

Desde ese momento, la vida de esta mujer retalteca, dio un giro inesperado: luchar por la aplicación de la justicia. Con la bandera de la Fundación creada en 1993 bajo el nombre de Myrna, se dio a la tarea de desnudar la debilidad del sistema de justicia. Y aunque lo ha logrado, las cosas no han cambiado, según piensa ella, siguen los mismos problemas estructurales que generaron el conflicto de 36 años y se confirman con la impunidad que mora en el Estado débil.

La Fundación recibió el ayer de manos de Don Juan Carlos y Doña Sofí­a el Premio Rey de España de Derechos Humanos otorgado por la Universidad de Alcalá de Henares y el Defensor del Pueblo.

A pesar de tener una agenda apretada, la activista accedió a una entrevista para Diario La Hora en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid, en donde comenta sobre la situación del paí­s y las expectativas que tiene al haber recibido el galardón.

¿Qué representa el premio para la Fundación y en sí­, para el paí­s?

Para la Fundación es un reconocimiento para todos los que han trabajado, trabajaron y trabajan para ella y además para todos los beneficiarios directos. Y para el paí­s creo que en estos momentos tan complicados que hemos pasado, especialmente de la crisis de inseguridad -a raí­z de la muerte de los diputados salvadoreños al Parlacen -, por lo menos, es una noticia positiva, porque creo que de 58 nominaciones que habí­a, competimos con Colombia y México, Guatemala quedó.

Creo que es un estí­mulo positivo. Y la figura del Rey tiene un significado para España, que es la consolidación del Estado de Derecho y eso es lo que nosotros estamos peleando en Guatemala. Me parece que el trabajo de la Fundación ha reflejado ese esfuerzo por consolidarlo y terminar con la impunidad.

En esa lucha, ¿Cómo se puede recuperar la confianza en el Estado y buscar un Estado de Derecho en medio de tanta crisis?

Obviamente la lucha es contra la impunidad. En reuniones sostenidas con el Defensor del Pueblo y con otros funcionarios de instituciones y autoridades de España hemos pedido ayuda y apoyo para Guatemala. De ese modo, ver de qué manera se pueden fortalecer las instituciones. Porque en la medida que no hayan instituciones fuertes en Guatemala, quienes más se aprovechan de esa debilidad institucional son precisamente los delincuentes y los poderes fácticos.

Es incuestionable que existe un Estado tan débil, es algo que está latente a todas luces. ¿Podrí­a este cambio de gobierno mejorar esa situación?

Creo que a Guatemala lo que le afecta es una cultura autoritaria y una cultura de impunidad; en donde las leyes pasan a un segundo plano, además no se ajustan, ni se respetan a su interpretación correcta. Contrariamente a lo que ha sucedido en otros paí­ses, en donde las dictaduras han fortalecido al Estado, en este caso concreto, por ser una cultura autoritaria, lo que no se han fortalecido son las instituciones, sino que esta cultura personal que todos los guatemaltecos o la sociedad lleva en sí­.

Entonces, considera que no existe una voluntad polí­tica en el poder para darle un giro a la situación para fortalecer las instituciones

Es un proceso de cambio cultural. Pero también tiene que haber voluntad polí­tica de los funcionarios que ostentan los principales puestos de poder: la Fiscalí­a General, el Ministerio de Gobernación, -en este caso la ministra-, y todas las autoridades que tienen potestad para que se respete la ley.

Está claro que hay un estancamiento en el sistema de justicia en su conjunto. ¿A qué se atribuye esto y se podrí­a crear alguna fórmula especí­fica ?si es que se puede pensar en una- para hacerlo más efectivo?

Recordemos que venimos de una cultura de impunidad. Y fue a través de todas las violaciones de derechos humanos en donde el Ejército necesitó de la impunidad total para su lucha contrainsurgente. í‰sta fue heredada en la transición democrática.

Desafortunadamente, Vinicio Cerezo (que fue el primer gobierno electo democráticamente) coronó esa impunidad cuando permitió el asesinato de uno de sus diputados (Elián Darí­o Acuña) y mantuvimos esa cultura de impunidad. Luego con la firma del proceso de paz, los escuadrones de la muerte, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos no quedaron desarticulados después de haber estado en la lucha contrainsurgente en total impunidad.

¿Qué ha sido de ellos?

Se fueron transformando para otra clase de actividades delictivas que tiene que ver con el contrabando, con el narcotráfico y con el tráfico de personas. Y esa corrupción, ese dinero, -porque ahí­ hay mucho dinero ilegal- ha sido el motor que corrompe, porque atraviesa todas las capas de la sociedad y se ha infiltrado en las instituciones del Estado.

¿Lo ve como el mayor tropiezo para fortalecer el Estado?

Eso es lo que dificulta poder terminar con la impunidad porque es un Estado que la genera, promueve y encubre. No todos los funcionarios son corruptos, no todos los funcionarios están avalando esta posición, de tal manera que ha sido este mismo gobierno, que ha propuesto también una iniciativa ante Naciones Unidas (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG) que busca la identificación de estructuras y de redes; su formas de operar para generar un proceso que termine con esta impunidad enquistada en el Estado.

¿De quién depende que esta comisión sea funcional?

Dependerá, ahora, del Congreso de la República, en donde también hay también muchos diputados señalados de estar vinculados a la delincuencia organizada, que son los que no habí­an enviado los documentos para su ratificación a la Corte de Constitucionalidad, porque no quieren que sea aprobado. Si bien es cierto la CICIG no será la solución, una panacea para terminar con la impunidad en Guatemala, permite generar este proceso y fortalecer al Ministerio Público y a la Policí­a Nacional Civil para continuar con esto. Se va a requerir de mucha voluntad polí­tica; de aquellos funcionarios que quieran realmente comprometerse con el paí­s y no solamente servirse del Estado para continuar enriqueciéndose ellos mismos.

En ese panorama, ¿De qué han servido los Acuerdos de Paz?

El problema concreto que ha tenido Guatemala es la falta de voluntad polí­tica de querer transformar estructuralmente al Estado, que fue lo que dio origen al conflicto. Hemos tenido avances en los derechos civiles y polí­ticos, no así­ en los económicos y sociales, y ahí­ es donde está el fracaso de nuestra transición democrática.

¿Podrí­a pensarse en algunos responsables para ese fracaso?

Son las élites. En cuanto a que no han sabido darle una respuesta al pueblo y a sus necesidades que tienen, especialmente con los problemas sociales y económicos.

De tal manera que los problemas de educación, salud, justicia e inseguridad siguen siendo latentes antes del conflicto, como después del conflicto.

Pero las cifras de los í­ndices hablan de mejorí­as, de progreso?

Lo más triste es que los í­ndices de desarrollo humano ahora son mucho más elevados de lo que era al momento del conflicto. Obviamente la población no ha podido percibir los frutos de lo que debió haber sido el proceso de paz por los intereses de los poderes fácticos que han impedido estas reformas estructurales. Creo que los Acuerdos de Paz eran un punto de partida, no uno de llegada, para que pudiéramos tener una visión de paí­s, pero desafortunadamente la pérdida de los principios y valores democráticos no permiten visualizar el cómo llegar a consolidar un Estado de Derecho

¿Cómo ve el perfil de los candidatos presidenciales. Hay alguna intención en sus propuestas para crear un cambio de rumbo?

Creo que los guatemaltecos están muy escépticos de los candidatos. Están en el mismo discurso electoral, no polí­tico, sino electoral. Y la participación de Rigoberta Menchú ha cambiado un poco el escenario electoral. Yo esperarí­a que su participación contribuya a elevar el debate polí­tico, no electoral. Además su perfil implica o genera que a los pueblos indí­genas sean vistos desde otra perspectiva y que los obligue realmente a tratar temas de fondo, que sí­ representan o por lo menos vienen del sector mayoritario de la población guatemalteca.

Usted ha tenido múltiples ofertas para participar dentro del Estado ?como Ministra de Gobernación, por ejemplo- ¿Podrí­a en un gobierno próximo aceptar un cargo público y contribuir desde dentro un fortalecimiento del Estado de Derecho?

(Risas) Yo creo que una señal de un Estado de Derecho fuerte, también implica una sociedad civil fortalecida. Y desde esa perspectiva, yo siempre me he dedicado a la sociedad civil. En este momento no tengo interés en participar partidariamente, ni ser funcionaria de Estado. Creo que todaví­a tengo una obligación con los ciudadanos. Si bien es cierto, muchos me piden que tenga una función pública, creo que la mayorí­a prefiere que me quede desde la sociedad civil para que sea su voz y externar las necesidades que ellos no pueden decir o que no son escuchadas.

¿Qué nivel de participación tiene en las elecciones?

En todas las elecciones me han pedido que sea vicepresidenta, que participe como diputada, etcétera. Y recientemente con este escándalo que hubo en el Ministerio de Gobernación me han solicitado que me haga cargo de la cartera.

¿No cree que pueda hacer más dentro del Estado?

Lo que sucede es que hoy por hoy el sistema está muy corrupto. Una golondrina no hace verano. Y no digo que sólo serí­a yo, creo que hay funcionarios honestos pero el sistema los chupa, los absorbe y no pueden hacer nada. Y tienes más posibilidades de no hacer nada que de hacer. Creo que se puede hacer más desde la sociedad civil.

La figura de Rí­os Montt se perfila para una candidatura a diputación y, nuevamente presidir el Organismo Legislativo, ¿Cómo ve ese movimiento, tomando en cuenta el proceso judicial que hay en su contra?

Yo creo que él tiene todas las posibilidades de llegar al Congreso y obviamente ya estando allí­, el camino abierto para presidirlo. No tengo idea de lo que pueda suceder, lo que sí­ es cierto es que ante los juicios nacionales emprendidos en su contra serí­a una inmunidad para él; a excepción del caso de extradición y el caso de genocidio acá ?en España- que ya no tiene competencia.