Luego de la publicación este lunes en el Diario Oficial de la Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas, el diputado Manuel Baldizón de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ponente de la ley espera que al entrar en vigencia, la Policí­a Nacional Civil proceda a la captura de las personas que los comercializan con el respaldo de una factura.

El congresista expresó que como resultado de la iniciativa de ley que él promovió el año anterior, se ha establecido en la misma que todos los operadores de telefoní­a móvil deberán crear, mantener y administrar una base de datos de teléfonos robados, también denominada «lista negra» la cual será de acceso público.

La ley también establece que al momento en que la Superintendencia de Telecomunicaciones compruebe cualquier actividad prohibida por ésta, emitirá una multa consistente en 25 mil dólares y penas que van desde cuatro a los seis años de prisión.

Con la entrada en vigencia de esta ley, el diputado Baldizón considera que se evitará la muerte de personas, ya que en la actualidad se conoce de crí­menes que a diario se producen por el robo de estos aparatos, por lo que espera que las empresas cumplan con su responsabilidad de no reactivarlos hasta no constatar la propiedad del aparato.

Al momento se desconoce el número de teléfonos celulares que ha sido robados durante el presente año, pero en la mayorí­a de casos los afectados ya no acuden a presentar la denuncia respectivas, ante la desconfianza que existe en las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, continuó el diputado Baldizón.

En la actualidad se ubican en todo el paí­s negocios en los que se pueden adquirir o activar teléfonos celulares de cualquier empresa sin ningún requisito, lo cual ha facilitado que los delincuentes puedan venderlos a personas que en estos casos también se convierten en cómplices de estos actos fuera de la ley, agregó.

Esta ley entrará en vigencia el próximo lunes, menos el artí­culo tres relacionado al Registro de terminales móviles robadas o hurtadas, lo cual se espera cobre efecto en un plazo de tres meses, tiempo estimado en el que las empresas deberán de adecuar su sistema de cómputo.