Por coincidencia en día y fecha, hoy se cumple el primer mes del asesinato de los diputados al Parlamento Centroamericano, ocurrido el lunes 19 de febrero en la finca Las Conchas jurisdicción de la aldea El Jocotillo, Villa Canales.
hernandeza@lahora.com.gt
De acuerdo a las hipótesis que hasta hoy se manejan por el Ministerio Público los parlamentarios fueron llevados hasta la finca Parga, donde se supone fueron golpeados en reiteradas ocasiones, acto seguido habrían sido trasladados hasta Las Conchas donde se suponen les habrían disparado e incinerado sus cuerpos.
Dentro de las investigaciones del MP de momento se ha establecido la posible participación de seis elementos de la PNC y otros dos civiles.
Habían transcurrido cuatro días de la muerte de los tres diputados salvadoreños, cuando fueron capturados cuatro de los ocho sospechosos, los policías detenidos eran los agentes de la División de Investigación Criminal (Dinc), Luis Arturo Herrera López, Gustavo José Adolfo Gutiérrez, Marvin Escobar y José Korki López.
A las 12:00 horas del 22 de febrero fueron llevados bajo extensas medidas de seguridad los cuatro elementos policíacos a la Torre de Tribunales, el juez Noveno de Primera Instancia Penal, Nery Medina, era el encargado de recibir la primera declaración de los imputados.
Aconsejados por sus abogados defensores los policías Herrera López, Gutiérrez, Escobar y López, decidieron abstenerse de declarar; por lo que el juez luego de escuchar la acusación y petición del ente investigador así como de la defensa decidió dejarlos ligados a proceso y enviarlos a prisión preventiva bajo el cargo de asesinato.
La orden del juez Medina estipulaba que los cuatro acusados debían ser trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hacia El Preventivo de la zona 18, pero el mandato del jurista no fue atendido y el director de presidios Víctor Rosales consideró que el mejor lugar para que los sospechosos guardaran prisión era en la cárcel El Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa.
Y así fue, los ex investigadores de la Dinc eran trasladados la misma noche de su captura hacia El Boquerón, considerado como un penal de máxima seguridad.
Los asesinaron
Tres días habían transcurrido desde que los agentes policíacos habían sido llevados a El Boquerón, de acuerdo a los exámenes médico forenses los cuatro individuos fueron asesinados a eso de las 16:00 horas del domingo 25 de febrero.
El MP aún no tenía clara la posible participación de los acusados en el asesinato de los diputados salvadoreños y del conductor del vehículo donde se transportaban.
Luego del acta de defunción entregada al juez contralor del proceso éste resuelve cerrar el caso en contra de los cuatro PNC ya que debió prescribir por la muerte de los agentes.
El ente investigador de nuevo se queda de brazos cruzados porque se supone que ya no habían capturados, resultados de balística, informes del GPS de las autopatrullas, ni datos para seguir encaminando las pesquisas.
Un nuevo sospechoso
De la nada, surge otro posible implicado en el cuádruple crimen contra los salvadoreños. Acompañado de forma inusual por el director de la PNC, Erwin Sperisen, ex jefe policíaco Javier Figueroa y el asesor de gobernación Víctor Rivera es presentado ante la justicia el investigador de la Dinc, Marvin Roberto Contreras Natareno.
En la audiencia de primera declaración Contreras Natareno se rehúsa a emitir testimonio ante el juez Nery Medina, pese a la constante insistencia del fiscal Cándido Bremer para que éste relate lo que le consta del crimen del que se le acusa.
Contreras Natareno es enviado al Preventivo de la zona 18, con mayores medidas de seguridad, tomando en cuenta el antecedente de la muerte de cuatro de sus ex compañeros.
Las investigaciones continúan según lo argumentado por el fiscal del caso ílvaro Matus, se asegura que el informe de balística revela que una de las armas decomisada durante la captura de los cuatro fallecidos coincide con los casquillos encontrados en la escena del crimen.
Otra de las diligencias es que el ente investigador ya habría solicitado el informe del GPS y el apoyo al FBI para agilizar las investigaciones. Las autoridades policíacas de El Salvador aseguran que no existen avances en las pesquisas.
El 16 de marzo Contreras Natareno decide romper el silencio y en declaración ante juez dice que él había sido detenido cuatro días antes de su presentación pública en tribunales y que había sido indagado por el fiscal ílvaro Matus, Cándido Bremer así como el ministro de Gobernación Carlos Vielmann.
El juez Nery Medina escuchó su relato pero resolvió que éste debe seguir guardando prisión por el delito de asesinato, pese a haber escuchado los señalamientos de Contreras Natareno el jurista no quiso ordenar lo conducente para investigar a las autoridades de Gobernación y a fiscales del Ministerio Público.