Los acontecimientos violentos suscitados en las últimas semanas en el país han desnudado lo que hace años grupos sociales y asociaciones de Derechos Humanos han venido denunciado: la existencia de aparatos clandestinos dentro de la organización del Estado.
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Los señalamientos han sido de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Fundación Myrna Mack, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entre otros, quienes se han pronunciado en contra de escuadrones criminales encubiertos amparados por puestos públicos.
El PDH Sergio Morales asegura que hace un año presentó ante el gabinete de seguridad la necesidad de investigar la existencia de organizaciones delictivas conformadas por agentes de las mismas fuerzas del orden.
Al mismo tiempo que señalaba una política de limpieza social manejada por la Policía Nacional Civil (PNC), razones por las que han exigido depurar los altos y medios mandos de ésta.
Institución que, en palabras de Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, se encuentra invadida por estructuras clandestinas que operan dentro y fuera del Estado, unas como comandos de limpieza contra delincuentes y criminales, y otras que se alquilan como sicarios o mercenarios.
Las estimaciones de la Fundación Mack sugieren que en Guatemala funcionan grupos compuestos por agentes y jefes de la PNC que reclaman un lugar como brazos armados de bandas del crimen organizado y en muchos casos se encuentran al servicio de carteles del narcotráfico.
Los indicios de la existencia de lo que se ha denominado en las últimas semanas como «escuadrones de la muerte», nunca han sido tan evidentes, a excepción de los tiempos de guerra interna.
Los patrones de violencia usados por los actuales grupos delictivos son, en efecto, según Ibarra, similares a los utilizados en el conflicto armado, período que se caracterizó por una política contrainsurgente de aniquilación, la cual tuvo a su cargo matar a intelectuales y sindicalistas contrarios al régimen.
Esta información se encuentra registrada en la investigación de la Recuperación de la Memoria Histórica: «el alto mando militar era quien dirigía esta campaña y sus tropas quienes las ejecutaban. No obstante, para llevar a cabo la política de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas, el Gobierno empleó a miembros de las diferentes fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles».
Todo lo anterior escandaliza la crisis de moralidad que padecen las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los guatemaltecos, la cual en palabras de Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, es el reflejo de la ineficiencia del Estado.
El cual incumplió su deber de depurar las fuerzas civiles y militares, conforme a los compromisos sucritos en los Acuerdos de Paz.
Lo cierto para los analistas es que la certeza de un Estado de Derecho y la confiabilidad en las instituciones de seguridad y justicia se presentan en una etapa decadente, lo cual exige cambios profundos como los que hacen clamar por supervisiones internacionales.
Tal es el caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), medida que no es recibida por algunos sectores, quienes afirman que implementar la comisión internacional no solventará la deuda de seguridad que el Gobierno mantiene con la ciudadanía. .
Este argumento es compartido a medias por la activista de Seguridad en Democracia, quien apoya la conformación del proyecto y a la vez estima que las condiciones actuales de los organismos que trabajarían conjuntamente con la CICIG, como lo es el Ministerio Público y la PNC no garantizan resultados satisfactorios.
Es por ello que es necesario, según los protagonistas, un esfuerzo obstinado en la depuración de las instituciones dentro de un marco de apertura total, medida que debe llevar incluso a una discusión a nivel nacional de la legislación vigente, con el fin de democratizar el derecho a separar a funcionarios incompetentes.