Juez ordenó traslado


El Juez Noveno de Instancia Penal habrí­a ordenado el traslado hacia un lugar seguro de los agentes policí­acos implicados en la muerte de los diputados al Parlacen.

El juez Noveno de Primera Instancia Penal, Nery Medina, habrí­a ordenado el jueves 22 de este mes el traslado de los cuatro agentes de la PNC hacia un «lugar seguro», según lo informado por el vocero de la Corte Suprema de Justicia Guillermo Melgar.

Amalia Hernández
hernandeza@lahora.com.gt

«El Juez Noveno enví­o un oficio al sistema penitenciario con la intención que los sindicados fueran enviados a un lugar seguro y que se les garantizara su bienestar en lo individual; en relación al memorial mencionado por la defensa de los acusados se niega que esto sucediera», expresó Melgar.

El funcionario del Organismo Judicial manifestó que el proceso abierto en contra de los elementos policí­acos Luis Arturo Herrera López, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen Escobar Méndez y José López Arreaga, ha prescrito por fallecimiento.

Aunque el Ministerio Público (MP), de forma oficial no ha informado el juez contralor del proceso, deberá hacerlo a través del acta de defunción.

De acuerdo con lo estipulado en el artí­culo 101 del Código Procesal, se da la extinción de la responsabilidad penal y de la pena por la muerte del procesado o del condenado; el vocero del Organismo Judicial informó que en el caso de las dos personas que aún no han sido capturadas el proceso deberá continuar abierto.

El jueves por la noche se creí­a que los cuatro acusados habrí­an sido trasladados hacia el Preventivo de la zona 18, sin embargo fue hasta el viernes cuando «Diario La Hora» se comunicó con la defensa de uno de los sindicados y se hizo saber que los agentes de la PNC jamás habí­an ingresado al centro carcelario, que por el contrario fueron llevados al Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa.

Los policí­as fallecidos eran acusados de la muerte de los tres diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Eduardo D’Aubuisson, José Ramos González, William Pichite Rizzier y el conductor del vehí­culo donde se transportaban los parlamentarios Gerardo Napoleón Ramí­rez.

Hasta el viernes se rumoraba que el Ministerio Público propondrí­a a la defensa de los sindicados acogerlos como testigos protegidos del caso, pero nada se concretó en relación a esa diligencia.