Está por cumplirse un año más de la tragedia de aquel 31 de enero de 1980 en la sede de la Embajada de España, que según los cuerpos de socorro y de la Cruz Roja dejó como resultado la muerte de 37 personas.
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De acuerdo con datos históricos, al filo del mediodía del jueves 31 de enero se reunían en la sede diplomática española el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres Lehnhoff y el ex canciller Adolfo Molina Orantes con el embajador de ese entonces, Máximo Cajal y López.
Los ex funcionarios guatemaltecos visitaban al embajador por una celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica, cuando irrumpieron aproximadamente 30 campesinos que anunciaron que ocuparían pacíficamente la sede diplomática, para solicitar la intervención de la misma en los sucesos del noroccidente del país.
Los campesinos denunciaban que en esa región se producían actos de represión por parte de hombres uniformados, hechos que dejaron saldos de muertos y desaparecidos. Habían transcurrido tres horas de discusiones y ya se anunciaba un arreglo de la situación, que permitiría a los campesinos que se integrara una comisión que investigaría los hechos, cuando se rompe la tranquilidad que los mismos acuerdos producían.
Las autoridades de la Policía Nacional habrían autorizado el envío de elementos de seguridad, quienes rodearon la Embajada de España y exigieron, a través de altavoces, la salida de los campesinos con las manos en alto.
Después de una espera sin resultado, la Policía penetró a la sede y cuando procedían a forzar las puertas se produjo una explosión seguida de otras. Aparentemente sólo el embajador Cajal y un campesino, que lograron salir con graves quemaduras, fueron los únicos sobrevivientes.
Los medios de comunicación de esa época mencionaban que versiones de los vecinos de la embajada, situada en ese entonces en la 10ª. calle y 6ª. avenida de la zona 9, aseveraban que la Policía rodeó todo el sector y penetró a las instalaciones hasta llegar al recinto donde se encontraban los campesinos y los diplomáticos discutiendo la situación.
Relatos de testigos afirman que, tambaleante y con la vestimenta rota, el ex embajador de España, Máximo Cajal y López, pedía a gritos a la Policía: «Â¡no tiren!». Odett Arzú vociferaba también a los uniformados que era el embajador y lo respetaran, según manifestó en su momento.
Al salir, el embajador expresó algunas palabras antes de ser conducido al hospital: «la Policía realizó una labor bestial, fue la única culpable».
Dos horas más tarde, luego de seguirse los trámites de ley por parte del juez, los bomberos y la Cruz Roja procedieron a sacar de la sede diplomática los cuerpos carbonizados de las víctimas de la explosión.
Las víctimas
La lista inicial de las víctimas reportaba como fallecidos al ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres Lehnhoff, el ex canciller Adolfo Molina Orantes, el canciller español Felipe Sáenz, el consejero Jaime Ruiz del írbol, las secretarias Mary Bickford de Barillas, Lucrecia de Anleu, Dora Mena, María Teresa Díaz de Santa Fe, Miriam Rodríguez Urrutia, los campesinos Mateo Ortiz, Victoriano Gómez Zacarías, Nora Aceituno y Vicente Menchú, entre otros.
Escenas de dolor se vivían en el lugar de los hechos; centenares de familiares y curiosos se acercaban a tratar de reconocer a las víctimas que, según el juez de paz de turno, era imposible reconocer a todos los cadáveres. Eran pocos los que tenían los documentos respectivos.
Un joven rompió en llanto al ver el cuerpo de su madre, Mary Bickford de Barillas, quien habría sido madrastra de Danilo Barillas, ex diputado del Congreso de la República.
El Gobierno, a través de sus voceros oficiales, Carlos Toledo Vielmann y el mayor del Ejército Rolando Archila Marroquín, dieron a conocer la versión de la tragedia ocurrida en la Embajada de España.
En el texto del comunicado se leía: Masacre terrorista en la Embajada de España
Han transcurrido 26 años desde aquellos hechos que marcaron la historia de nuestro país. La justicia española ha pedido a los tribunales de Guatemala girar la orden de captura con fines de extradición de varios ex funcionarios y militares señalados de actos de genocidio, porque se presume que tuvieron participación en el incendio de la sede diplomática.
A consideración de las autoridades españolas, algunos ex funcionarios guatemaltecos habrían tenido responsabilidad en los sucesos, por lo que se encuentra abierto un proceso en el Juzgado Undécimo de Instancia Penal y en el Tribunal Quinto de Sentencia se ha pedido la captura y extradición de varias personas.
German Chupina Barahona, íngel Aníbal Guevara, Pedro García Arredondo, í“scar Humberto Mejía Víctores y José Efraín Ríos Montt, son los que a criterio de las autoridades judiciales de España habrían tenido responsabilidad en hechos de genocidio.
Los trámites de las peticiones, en la actualidad, se encuentran estancadas tras diversos recursos presentados por la defensa de los exigidos.