El máximo líder de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), Nery Barrios, se defendió esta mañana de las acusaciones que lo culpan de apropiarse de alrededor de un millón de quetzales en la compra de una finca para una comunidad campesina.
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La denuncia estuvo a cargo del Intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos (IVE) por encontrar una irregularidad en los manejos de las sumas de dinero que el sindicalista utilizó en los últimos días en su cuenta bancaria.
A Barrios se le señala de entregar una finca a la comunidad Once de Diciembre, cuyos miembros fueron desalojados por orden de juez y que se encuentran ahora despojados de terreno. La resolución del jurista determinó que la finca le pertenecía a Domingo Molina.
A este respecto salió al paso Barrios, asegurando que cuentan con los argumentos y respaldos legales que presentarán ante el MP y a la IVE para demostrar que la finca fue adquirida y que la tierra reclamada por Molina no es la misma que la ocupada por los campesinos desalojados.
Barrios argumentó que esto no es más que un proceso de difamación en contra del sindicalismo del país, en represalia a las medidas y denuncias legales interpuestas contra funcionarios del gobierno del presidente í“scar Berger.
El representante de la Coordinadora Nacional de Organización Campesina (CNOC), Aparicio Pérez, opinó que debe de investigarse a fondo los señalamientos contra Barrios, agregando que de hallar evidencias debe ser sometido a la justicia.
También se refirió a este tema Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Indígena Campesina (CONIC), quien opina que el hecho puede presentarse como un juego político, pues según expuso, Barrios ha encabezado importantes movimientos en contra de las políticas del Gobierno.
Tiney asegura que este tipo de hechos se han vivido en muchas comunidades campesinas, por lo cual Barrios debe de encarar la situación, y de ser hallados argumentos válidos de sus acusaciones, la justicia debe sentar un precedente contra los personajes que se aprovechen de las comunidades campesinas, puntualizó.
El dirigente de la UASP manifestó estar anuente a presentar todos los documentos legales para demostrar su inocencia de los hechos que se le señalan, agregando que serán los abogados de la UASP quienes estarán a cargo del tema por tratarse en gran medida de puntos legales.