Un grupo de afectados por el cierre de operaciones de Banco de Comercio, acudió al Congreso a demandar de los diputados, su intervención para que el dinero que invirtieron les sea devuelto, llevando consigo fotocopias de los certificados de custodia de inversión de valores que les fueron extendidos.
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El presidente del Organismo Legislativo, Rubén Darío Morales, se comprometió a revisar las leyes que actualmente rigen el actuar de las entidades bancarias para establecer si es necesario aplicarle reformas o legislar con el fin de respaldar a los depositantes.
Los inconformes dijeron estar defraudados por la actitud de las autoridades, que poco o casi nada han hecho por solventar su situación, por lo que Amílcar Anleu Castillo, hizo un llamado para que este sábado se reúnan en la Plaza de la Constitución y realicen una marcha masiva como medida de presión.
Con lágrimas en los ojos la señora Marta Aroche, dijo haber trabajado durante 40 años y depositado su dinero en esa entidad bancaria que de la noche a la mañana cerró sus puertas dejándola en la extrema pobreza, agregando que se encuentra mal de salud y sin dinero para acudir en busca de asistencia médica.
UNE pedirá renuncia de autoridades monetarias
Al finalizar la reunión con los cuentahabientes de Banco de Comercio, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Manuel Baldizón informó que el próximo lunes su bancada solicitará la renuncia del superintendente de Bancos, Willy Zapata, la presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta del Cid de Bonilla, y de los integrantes de la Junta Monetaria, JM, en el pleno.
El diputado Baldizón agregó que a su criterio, su compañero de bancada Eduardo Meyer Maldonado, representante del Congreso ante la JM, en ningún momento avaló las acciones que fueron implementadas por la junta.
El diputado Alfredo de León Zolano del Movimiento Amplio de Izquierda, Maiz, dijo que «no se sabe quien es más delincuente, si quien asalta un banco o quien lo funda», al referirse a los directivos de Bancafé y Banco de Comercio que cancelaron sus operaciones y actualmente se encuentran prófugos de la justicia.
El congresista dijo que esta situación refleja la estructura de injusticia e ilegalidad que opera el sistema, la desconfianza creada entre la población a las empresas bancarias y el encubrimiento de las autoridades de gobierno a estos malos empresarios que en lugar de estar gozando el dinero de la población, deben de estar tras las rejas.