La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) podría presentar un recurso de inconstitucionalidad, contra la Ley del Adulto Mayor, aprobada por el Congreso de la República, según lo afirmó Sergio de la Torre, presidente de dicha institución.
etelon@lahora.com.gt
Dicha normativa otorga una pensión a todos los adultos mayores sin cobertura social que superen los 65 años.
Los representantes de los grupos empresariales del país se oponen a la medida, puesto que los fondos para financiar la misma deberán obtenerse de las empresas que superen un ingreso mayor de los cien mil quetzales. Además los trabajadores que perciban un sueldo arriba de veinticinco mil quetzales al año deben también contribuir.
A este respecto opinó el ex constituyente Fernando Beltranena, la ley viola la igualdad de los ciudadanos guatemaltecos, al diferenciarlos en el aspecto económico, a lo cual agregó que la ley también podría ser transgresiva ya que los beneficiarios nunca contribuyeron para crear un fondo financiero.
Beltranena refirió que de encontrarse alguna inconstitucionalidad a este respecto la ley podría quedar suspendida temporalmente.
Un proceso en conflicto
Desde su concepción legal propuesta por el diputado Manuel Baldizón, la normativa ha sufrido un conflictivo proceso que ha involucrado a varias partes entre ellas al presidente de la república, í“scar Berger.
Después de su aprobación en el Organismo Legislativo en noviembre pasado, Berger argumento que no se contaba con los fondos necesarios para dicho financiamiento por lo que en dos días después emitió el veto al referido proyecto legal, sin poder detenerla, esto por un error de tiempo.
El proyecto cobró vigencia puesto que el ejecutivo no respetó el tiempo estipulado por la ley para publicar el veto respectivo, por lo cual el trámite de su publicación siguió su curso.
En un intento por rectificar su error, la presidencia acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) declarando la medida como inconstitucional, argumentando que el Congreso de la República no especificó de donde provendrían los recursos económicos, para financiar la medida.
Ante este pedido los magistrados de la CC declararon la Ley del Adulto mayor como inconstitucional, deteniendo así la consolidación de la misma.
Ante esta negativa el legislativo reformó el tema, especificando que serían los empresarios y parte de los ciudadanos en quienes recaería la responsabilidad económica.
Fue hasta el 15 de marzo que la CC negó el amparo interpuesto por el ejecutivo, ordenando la publicación de la discutida ley en el diario oficial.
Empresarios definirán medidas
El Presidente de la CIG estima que esta medida se encuentra conformada por irregularidades legales, por lo cual no se descarta interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la CC. De llevarse a cabo las intenciones de la CIG se sumaría al recurso interpuesto ayer por la empresa Shadai Empaques S.A.
El empresario estimó un período de dos semanas para resolver en definitiva la decisión a tomar, puesto que se encuentran analizándolo, puntualizó.