Mientras el número de fallecidos en el país va en aumento, el Ministerio Público critica al Departamento de Control de Armas y Municiones, DECAM, de utilizar un sistema obsoleto para el cotejo de huellas.
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La crítica del ente investigador surge como una justificación luego que las estadísticas por muerte violenta de guatemaltecos van en orden ascendente y la recolección de pesquisas se torna lenta.
«Hasta tres años podría durar un cotejo de huellas de balística de proyectil de arma de fuego con archivos del DECAM, eso debido al sistema obsoleto con el que cuenta esa institución», refiere el fiscal de Delitos Contra la Vida, ílvaro Matus.
La unidad del Ministerio Público que investiga las muertes surgidas día con día, confirma que el mayor número de fallecimientos tienen como causa principal la violencia común, venganza y por hechos pasionales, esta última con menores registros.
El jefe de la fiscalía de Delitos Contra la Vida mencionó que la mayor parte de muertes son provocadas por armas de fuego de calibre 9 milímetros.
«El archivo manual con que cuenta el DECAM dificulta las investigaciones, esa falta de capacidad sistematizada de la institución provoca que muchos de los casos se estanquen; otro de los problemas que enfrentamos es el gran número de armas registradas así como la tenencia ilegal de éstas; a estos factores negativos hay que agregar la falta de colaboración de los testigos», mencionó Matus.
El funcionario del ente investigador resaltó la importancia de la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que ayudaría a minimizar las diligencias en el proceso de investigación, los riesgos que podrían correr los testigos así como aumentaría la fidelidad de los resultados de la prueba científica practicada a determinada evidencia.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil aseguran que los hechos de violencia han disminuido en relación a los registrados durante el 2005, mientras que los representantes de la morgue del Organismo Judicial confirman todo lo contrario.
El índice de criminalidad, según la PNC, disminuyó en un 7.4 por ciento en comparación a hace dos años, ya que en el 2006 se reportaron 30 mil 857 casos de criminalidad, mientras que en el 2005 el registro señala 33 mil 328 casos.
En relación a los homicidios, las fuerzas de seguridad pública consideran que hay un incremento del 9.3 por ciento, es decir que en el 2005 hubo un reporte de 5 mil 336 casos; mientras que en el año siguiente la cifra se elevó a 5 mil 885 personas fallecidas. El informe de la PNC resalta el dato que unos 1,337 están relacionados con alguna forma de actividad delictiva.
El los últimos meses diversas organizaciones sociales y pro justicia critican el repunte de muertes a mujeres y en contra de niños y adolescentes, hechos que se han cometido no sólo en la ciudad capital sino también en el interior de la República.
La Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, en reiteradas ocasiones ha descalificado el actuar de las instituciones encargadas de investigar y capturar a los responsables de los hechos sangrientos.
Aunado al problema para la recolección de evidencias y la obtención de los resultados científicos de la evidencia, se agrega la poca o nula voluntad de los testigos para hablar de determinados casos.
Según analistas, ese factor se debe a que la persona que denuncia o declara en un hecho específico no tiene garantías para su vida ni la de su núcleo familiar debido a que el programa de protección a testigo que dirige el MP, no funciona.