Cerca de 65 mil abortos inducidos se realizan anualmente en Guatemala, y cerca de 21 mil 600 mujeres son hospitalizadas para recibir tratamiento por complicaciones derivadas de ellos.
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De acuerdo con un informe presentado esta mañana por el Instituto GUTTMACHER, el alto índice de embarazos interrumpidos en el país se ha convertido en un tema alarmante.
Los abortos ocurren a una taza de 24 por cada mil mujeres en edades de entre 15 y 49 años, y se da uno por cada seis nacidos vivos.
La tasa de aborto es mayor que el promedio en las regiones sur-occidente y metropolitana; en la primera región habita la población menos desarrollada, en su mayoría indígena.
Una iniciativa de vigilancia epidemiológica a gran escala, reportó que entre julio de 2003 y diciembre de 2004, un total de 13 mil 928 abortos incompletos fueron tratados en 22 hospitales públicos.
Se calcula que las mujeres atendidas por complicaciones de aborto representan las 27 mil 14 guatemaltecas atendidas en 2003
Datos sui géneris
En Guatemala, como en muchos países, los abortos inducidos son ilegales, excepto aquellos que se practican por salvar la vida de la embarazada.
Como resultado, las mujeres que recurren a un aborto para solucionar un embarazo no deseado lo hacen a escondidas y bajo condiciones que representan un grave riesgo para su salud y su fecundidad futura.
Al no tener un control del flagelo, las cifras se vuelven excepcionales, es decir se carece de datos oficiales para medir su verdadero alcance.
Los estudios realizados en otros países latinoamericanos, con contextos culturales y legales similares a Guatemala, sugieren que el aborto inseguro contribuye a niveles inaceptables de mortalidad y mortalidad materna en el país.
La poca evidencia disponible sugiere que el aborto inducido es una práctica común. Esta evidencia está basada en el número de mujeres hospitalizadas para el tratamiento de complicaciones de aborto.
Se reconoce que los informes del Ministerio de Salud subestiman el número de féminas que reciben tratamiento por complicaciones de la interrupción.
«Otro aspecto que aborda la investigación es la visión de la comunidad, que determina un estigma en las mujeres que han abortado, común en el área indígena, porque si se enteran de que una mujer abortó, es señalada», contó Alma Chacón, coordinadora de la Agrupación de Mujeres Tierra Viva.
«Se espera que con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar (Decreto 87-2005), se pueda llevar un registro apegado a la realidad del fracaso materno», señaló Chacón.
Sustento informativo
La investigación sugiere la necesidad de políticas y programas sustentados en información para la variación de las preferencias de fecundidad entre las regiones, así como en la incidencia de embarazos no planeados y abortos.
Las respuestas gubernamentales deben también abordar las necesidades especiales de las mujeres y parejas que son pobres, viven en el medio rural y son de origen indígena.