Según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a partir de este jueves se iniciarán los operativos de control de la comercialización y venta de los denominados silbadores y canchinflines, para hacer valer el Amparo Provisional de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe la venta, importación, fabricación, distribución y almacenaje de este producto.
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Los operativos abarcarán todos aquellos lugares de almacenamiento y distribución de juegos pirotécnicos y a los infractores se les podría procesar por desobediencia.
«Las sanciones corren por cuenta del Ministerio de Economía, mediante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO). Nuestro papel es supervisar y monitorear para hacer valer la ley y luego, se reporta cualquier anomalía a la DIACO», comentó Alejandro Rodríguez, asesor del Procurador de los Derechos Humanos.
Multas serán de hasta mil 309 quetzales
Sin embargo, la DIACO aseguró que los operativos comenzaron a aplicarse desde ayer en el municipio de Mixco.
Estos se extenderán a toda la República en los siguientes días en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las multas que se aplicarán a todas aquellas personas que vendan al consumidor final los canchinflines o silbadores abarcarán desde los mil 309 a mil quetzales.
Dentro de las acciones a tomar por la DIACO en unión con la PDH, figuran las verificaciones y decomisos de mercancía declarada desde ayer como ilegal.
«A la población en general se insta a no consumir este tipo de producción y a que denuncie cualquier anomalía», invitó la DIACO.
«Es necesario que se tome conciencia sobre la peligrosidad de estos productos, que atentan contra la seguridad de nuestros hijos, por tanto que causan quemaduras e incendios», argumentó Rodríguez.
«Se pide a toda la gente a que contribuya a la erradicación de las venta ilegal de canchinflines y silbadores, por lo que se ha puesto a disposición el número telefónico 1555 que atenderá cualquier denuncia del tema», añadió el asesor del Defensor del Pueblo.
La disposición de la CSJ
La disposición provisional que ampara a la PDH desde ayer, otorga al Procurador de los Derechos Humanos la verificación para que la medida se cumpla.
La prohibición de la fabricación, comercialización, almacenaje, distribución, venta e importación de canchinflines y silbadores en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Economía, a través de la DIACO, será el ente encargado de velar porque se cumpla la medida otorgada a la PDH por la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
El Ministerio de Economía no extenderá más licencias de fabricación y comercialización a empresas o personas individuales en el uso de esta producción.
La CSJ agilizó el Amparo Provisional luego de que el pasado 20 de noviembre 18 personas murieron en el mercado La Terminal a consecuencia de la quema de un puesto ilegal de juegos pirotécnicos, y que se presume, un silbador fue la causa del inicio del siniestro.
Al momento, la CSJ manifiesta que no se ha presentado ninguna impugnación en contra del Amparo Provisional otorgado a la PDH.