Tras el pedido de la Fiscalía General colombiana de enviar a la cárcel a un cercano colaborador del ex presidente ílvaro Uribe, ayer corresponde el turno a ese ex funcionario de presentar su defensa en un intento de evitar ir a prisión por presuntas irregularidades en subsidios agrícolas.
El ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, un economista de 38 años, deberá comparecer en la jornada a partir de las 11 de la mañana a una audiencia pública en un tribunal penal de Bogotá, donde la víspera la Fiscalía General le imputó los cargos de celebración de «contrato sin cumplimiento de requisitos legales» y «peculado por apropiación a favor de terceros».
La Fiscalía además solicitó al tribunal enviar a Arias a la cárcel para evitar que obstruya la justicia y por «constituir un peligro para la sociedad».
Pero como la exposición de la Fiscalía, hecha por la fiscal general Viviane Morales, se extendió el jueves por casi cinco horas y numerosos documentos, la defensa de Arias, en cabeza del abogado Jorge Aníbal Gómez, solicitó al juzgado un plazo para analizar tales papeles y poder rebatir los cargos.
Entonces el tribunal del juez Orlando Fierro concedió el plazo y acordó reanudar la sesión en la jornada, en la cual podría fallar si acepta o no la solicitud de la Fiscalía General y envía a Arias a prisión.
Su posible encarcelamiento sería el primero de un cercano colaborador de Uribe (2002-2010), quien ya tiene ante los estrados judiciales a Bernardo Moreno, quien fuera su secretario general de la presidencia, por su presunta participación en una red de espionaje desde la policía secreta.
Como Arias no aceptó los cargos imputados el jueves por la Fiscalía el proceso continúa y un fallo para establecer si es culpable o inocente puede demorar varios meses.
De ser hallado culpable de peculado, Arias podría purgar al menos seis años de prisión.
El caso por el cual Arias es investigado se refiere al llamado programa «Agro Ingreso Seguro» o AIS, implantado en el 2007 y que buscaba entregar subsidios al sector agrícola para estimular su producción y competitividad.
Pero según la Fiscalía, el programa de subsidios carecía de formas de vigilar su correcta aplicación, en un plan que terminó entregando dinero a por lo menos nueve grandes familias o empresas que defraudaron al Estado con trampas como dividir sus fincas en varios lotes para obtener varias veces la asistencia estatal.
Como los subsidios se entregaron bajo la forma de contratos directos, se violaron principios legales como el de la obligación de convocar a licitaciones públicas previas a la entrega de los fondos, de acuerdo con la Fiscalía, pero además Arias sabía de estas irregularidades y aun así continuó con el programa AIS para favorecer sus «intereses políticos», es decir apuntalar una candidatura presidencial, acciones que comenzó en el 2009.
La fiscal Morales no reveló, lo cual podría ocurrir más adelante en el proceso, qué grupos favorecidos con los subsidios pudieron ser también contribuyentes a la campaña de Arias. El ex ministro renunció en febrero del 2009 a la cartera de Agricultura, que ocupaba desde el 2006, para buscar la nominación presidencial de su Partido Conservador, la cual perdió.
De acuerdo con la Fiscalía General, los perjuicios al Estado por las irregularidades cometidas por Arias ascienden a unos 43.000 millones de pesos (unos 23,8 millones de dólares). La cifra estuvo por debajo de los cálculos iniciales de la propia Fiscalía, que hablaban de unos 169 millones de dólares.