El Congreso de la República y las municipalidades del país son las instituciones del Estado que menos cooperan con el acceso a la información pública.
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Entre las instituciones públicas señaladas por Acción Ciudadana de menos transparentes al acceso a la información pública se cuenta a las municipalidades, Organismo Judicial (OJ) y el Congreso de la República, en base al informe del monitoreo del desempeño institucional de desarrollo que se llevó a cabo en septiembre y octubre de este año.
De acuerdo al informe preliminar, el Organismo Ejecutivo tiene un buen nivel de desempeño (0.62), seguido por las instituciones descentralizadas y autónomas (0.56).
El Organismo Judicial y Legislativo cuentan con un desempeño regular, mientras que las municipalidades se encuentran al borde de un mal desempeño (0.36).
La información pública de más difícil acceso es la relativa al servicio civil (0.41) y la más accesible en comparación a las demás es la relacionada con planificación (0.49).
«Sin embargo, se puede observar que la diferencia entre cada una de ellas no es significativa, por lo que todas ellas se ubican en la categoría de desempeño regular», apuntó Alejandro Urizar, miembro del Proyecto Promoción de la Transparencia de Acción Ciudadana.
«De los poderes del Estado, el Ejecutivo es el que muestra la mayor disposición del manejo del tema, pero hace falta un marco que abarque a todos estos poderes, que sería la Ley de Acceso a la Información que está pendiente de ser promulgada por el Congreso a pesar de que cuenta con varias iniciativas», agregó Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Los pasos del monitoreo
Según expuso Ana Castro, monitora de acceso a la información de Acción Ciudadana, el estudio del desempeño institucional se dividió en seis pasos a saber, la construcción del universo de instituciones públicas, conformadas por un total de 734 instancias.
El siguiente paso incluyó la escogencia de cinco categorías donde se seleccionó una muestra aleatoria por cuotas del 20 por ciento, equivalente a 162 unidades (Organismo Ejecutivo, 26 solicitudes; Organismo Judicial, 37; Legislativo, 15; municipalidades, 66; otras, 18).
Se requirió (tercer paso) de un equipo de 29 voluntarios de acceso a la información y se partió la muestra por solicitudes entregadas por individuos particulares y instituciones giradas por Acción Ciudadana.
Se fragmentó el total de las solicitudes según cuatro categorías de información, asegurándose de que la investigación requerida no estuviera incluida dentro de las excepciones constitucionales.
El 7 y 12 de septiembre, se dieron las primeras 162 solicitudes de acceso a la información y 15 días después se giraron las segundas solicitudes a aquellas instituciones que no habían respondido bien. El 27 de octubre se cerró la recepción de información e inició el proceso de sistematización.