La Comisión Presidencial contra el Femicidio de Guatemala desarrolló una investigación sobre el abordaje de ese fenómeno en Escuintla, debido a los nulos resultados que presentaron las autoridades locales, las fiscalías y quienes administran la justicia, relacionados con el combate de ese problema y la atención de las sobrevivientes de la violencia machista.
ESCUINTLA / Agencia CERIGUA
Escuintla es el segundo departamento a nivel nacional con el mayor índice de muertes violentas de mujeres en los últimos años; es una zona de paso migratorio, tiene una intensa movilidad comercial internacional y es uno de los departamentos más pujante para la economía del país.
Los cinco más importantes periódicos de Guatemala reportaron en el 2010, 28 asesinatos de mujeres en Escuintla, según los resultados de un monitoreo mediático elaborado por la Agencia Cerigua.
En él se concentran problemáticas sociales como la trata de personas para el comercio sexual, la movilización de indocumentados, principalmente provenientes de los demás países de Centroamérica, los secuestros y las acciones de grupos del narcotráfico.
Se determinó que Escuintla presentaba cero resultados en materia de combate al femicidio, sobre todo las instituciones del Estado encargadas de la aplicación de la justicia, indicó Alba Trejo, Comisionada Presidencial contra el Femicidio.
Esa dependencia realizó una investigación que reveló algunas de las causas que impiden el abordaje del femicidio en ese departamento, entre las que se destaca el machismo, la desigualdad social y económica, la pérdida de valores, al analfabetismo, la falta de empleo y la escasa conciencia sobre la importancia de la denuncia.
Quienes están a cargo de atender a las familias de las víctimas del femicidio y a las sobrevivientes de la violencia machista son hombres, quienes aseguraron haber recibido capacitaciones sobre el género, sin embargo, eso no garantiza la transformación del sistema, aseguró Trejo.
Otro de los principales hallazgos se centra en la falta de coordinación entre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), entidad que desempeña un papel fundamental en las denuncias por violación, enfatizó la funcionaria de gobierno.
Los operadores de justicia conocen la institucionalidad y la ruta de atención, pero no la aplican, en parte porque en el imaginario social prevalece la idea de irrespeto a la vida de las mujeres o que ellas son las propias culpables de la violencia que sufren, concluyó Trejo.