Casi doce mil millones de razones son las que influyen en el debate que ya se perfila como agrio por el tema de la llamada autonomía de la banca central, puesto que el nuevo gobierno pretende que en cumplimiento de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala se trasladen esos fondos que están depositados en la banca privada. En efecto, el artículo 55 de la mencionada norma legal establece que todos los recursos financieros del Ejecutivo y en general de las instituciones del Estado serán depositados en el Banco de Guatemala salvo disposición legal en contrario y según los asesores económicos del nuevo gobierno, esos fondos ahora van a la banca privada aumentando la liquidez y obligando a la banca central a adoptar políticas para recoger fondos pagando altas tasas de interés en el proceso.
Puede ser que la política monetaria no tenga relación con ninguna ideología en particular, pero evidentemente tiene consecuencias en favor o en contra de ciertos intereses y eso es lo que al final de cuentas provoca el debate. Si la política monetaria fuera tan neutra como se dice, poco importaría al final de cuentas quién esté a cargo de ella, pero resulta que hay decisiones que se adoptan que repercuten notablemente en todo el mundo financiero nacional. Los mismos banqueros reconocen que una política como la anunciada no se puede implementar de la noche a la mañana dado el peso que los depósitos de las instituciones públicas tiene en todo el sistema bancario privado nacional y sacarles esos fondos abruptamente podría provocar problemas a varias instituciones.
La propuesta ha generado ya varias reacciones y la principal y más notable es que se ha emprendido una campaña de desprestigio contra el licenciado Edgar Barquín, mencionado como posible encargado de la banca central. Se ve que no se andarán con chiquitas en el ánimo de buscar la defensa a ultranza de los funcionarios actuales, incluyendo al muy polémico Superintendente de Bancos, puesto que sus políticas han sido favorables para los intereses del sector financiero nacional que históricamente se considera como uno de los más poderosos.
Repetimos que la política monetaria no la decide la Presidencia del Banco de Guatemala, sino que es responsabilidad de la Junta Monetaria y que en ella es previsible que la influencia de los funcionarios de gobierno será decisiva. Y si la política monetaria no tiene ideología, obviamente quienes la decidirán sí la tienen y la misma difiere de la que ha prevalecido hasta ahora con medidas como la que permitió que los depósitos del dinero público fueran a parar a los bancos privados. Ese tema es el de fondo en el debate y sobre el mismo hay que poner la mayor atención.