El tema de la administración de justicia en Guatemala es insoslayable y quien quiera ocultar la existencia de serios problemas que comprometen la legalidad y sirven a la impunidad, no es que esté ciego, sino simplemente que es parte de un sistema que los gringos como Bush llamarí­an satánico. La generalización, sin embargo, es siempre mala consejera y en ello falló la CICIG. Por supuesto que hay operadores de justicia no sólo honestos, sino además sensatos y mientras la Asociación de Jueces y Magistrados bajaba el canasto para exigir que se destituyera al Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, surgieron esas voces mesuradas dando luz.

Tanto el doctor César Barrientos como el Instituto de la Judicatura terciaron de una manera que me parece encomiable, porque parten del reconocimiento de que si bien hay buenos juzgadores en el paí­s, gente que actúa con principios y con enorme valentí­a para enfrentar todo tipo de poderes fácticos que se sienten (con mucha razón, hay que decir) amos del sistema de justicia, también tenemos serios vicios y deficiencias que tienen que encararse y discutirse ampliamente. Las dos exposiciones coinciden básicamente en que el tema de la depuración del Organismo Judicial es indispensable y que tienen que crearse los mecanismos para la efectiva supervisión del trabajo de los Tribunales de Justicia.
 
 El Instituto de la Judicatura rebate el argumento de la Corte Suprema de Justicia en el comunicado en que afirmó que la única forma de expresar inconformidad con un fallo es impugnándolo mediante los procedimientos de ley. Les recordaron a los magistrados que el artí­culo 35 constitucional nos otorga a todos los guatemaltecos nuestro derecho a expresar libremente y sin censura nuestra opinión sobre cualquier tema, incluyendo lo que pensemos sobre los fallos judiciales aunque estén absolutamente firmes, lo cual no es sinónimo de que estén absolutamente dictados conforme a derecho. Reconocen que los medios no tienen que tratar de influir en las decisiones judiciales, pero admiten que es el trabajo de investigación y son las publicaciones de prensa lo que constituye uno de los escasos contralores que funcionan en la actualidad para evitar resoluciones venales.
 
 Y es que la independencia judicial jamás puede ser parapeto del soborno y del control que sobre el sistema de justicia ejercen poderes paralelos que se han esmerado durante años en ir formando su tejido para condicionar la administración judicial. Poderes que van desde los que ofrecen sobornos en efectivo hasta los que mediante viajes y prebendas constituyen su propia red. No digamos aquellos que caen en manos del crimen organizado al hacer el primer favorcito o cuando reciben la primera atención que generalmente deriva en chantaje. Esos jamás se pueden librar de la tutorí­a del crimen organizado porque éstos les advierten que a la primera falla harán público todo lo que ya les han hecho como favores. No toda la gente controlada por el crimen organizado lo hace porque recibe dinero, sino a muchos les machucaron una vez la cola y desde entonces son literalmente sus tatas y no se pueden librar de esa maldición.
 
 Pero indudablemente la postura más cerrada e insensata, y por eso criticada por todos los que no son jueces y magistrados, fue la de su asociación y en buena medida la de la misma Corte que en un equivocado concepto de espí­ritu de cuerpo salió en defensa de sus subalternos con el mismo empeño con que algunos papas y obispos protegen a sus curas pederastas o algunos generales a sus subalternos violadores de derechos humanos.
 
 Un serio debate sobre la depuración del sistema de justicia es indispensable. El error de DallŽAnese fue creer que se podrí­a luchar contra la impunidad sin exposición pública.