Debido a las últimas actuaciones del Congreso de la República, se ha generado una reacción de rechazo en la opinión pública, equiparando a los integrantes de ese organismo, en algo similar como a las aves que les da peste aviar, llegando algunos en su desesperanza a creer, que para prevenir que el mal se extienda, habría que hacer lo mismo que se hace con las aves, aunque talvez sólo pensarlo, es como volver a los tiempos de barbarie.
Aunque no es conveniente ni siquiera mencionar esos extremos bajo ninguna circunstancia, pues parecería que estamos retrocediendo varios siglos como ha sucedido esporádicamente en algunas regiones del país, pareciera que estuviéramos llegando a él, ya que el ciudadano se siente desamparado ante los actos de latrocinio que cometen diputados, magistrados, controladores, procuradores, etc., y que no haya un mecanismo para impedir que sigan saqueando las arcas de la nación, fijándose salarios desmedidos, indemnizaciones, prestaciones adicionales, etc.
Apelar a la honorabilidad y a la decencia es como hablar solo, pues no oyen, no se acuerdan, no estaban, y un sinnúmero de hipocresías. Para que se acuerde y no dude de la veracidad de lo que le estoy diciendo, solo hay que traer a la memoria las entrevistas que le hicieron a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que decían «Si lo tratamos, no me acuerdo» y lo que declararon los miembros del Congreso con respecto a la última barrabasada, diciendo que tenían el brazo levantado porque se estaban rascando, a saber qué. Según el ordenamiento legal de Guatemala el Congreso es soberano en materia de legislación, limitado únicamente por lo que establece la Constitución de la República. A pesar de eso y del clamor popular, los miembros del Congreso no legislan para prohibir la indemnización de funcionarios, porque el sueño secreto que ellos mantienen, de que algún día ellos se podrían también recetar tal prestación.
Aprovechando la coyuntura de que el casi ex presidente Berger anda casi de enamorado con el casi actual presidente Colom, debieran de convocar a Pérez Molina y juntos pedirles a sus bancadas de diputados que aprueben una ley que prohíba la indemnización de diputados, magistrados, procuradores, controladores, funcionarios, empleados de confianza, etc. y también legislar que todos estos cargos sean considerados como un servicio al país y por lo tanto la tabla de salarios totales de las dependencias cuyos recursos provengan del erario nacional, no podría exceder entre los 10 salarios mínimos para diputados y 15 para ministros, magistrados, etc., y ya veremos cómo disminuye el número de aspirantes a esos cargos.
Debido a que así como pueden aprobar esa ley, la misma o la siguiente legislación la podría derogar, amarrarla a un plazo de cuatro años de que cualquier disposición contraria a esa ley, solo podrá tener vigencia después de cuatro años.
Si se toman algunas de estas medidas, sí podremos decir que «la mano dura empieza por casa» y que le están «dando al país cara de indígena y sabor a tamal» y que la sinceridad de Berger dio inicio a la nueva Guatemala.
En el caso de que no fuera posible porque no se lograra consenso entre estos tres dirigentes políticos, entonces sería necesario una Constituyente, pues no podemos seguir esta carrera que llevan los funcionarios, de ver quién se harta mas y si no se le pone un hasta aquí, se terminarán mamando todos los recursos de nuestros impuestos.
De no lograrse nada de lo propuesto, la situación sería tan difícil en el futuro, que podría haber clamor para que todos estos desmanes se eliminen mediante otros mecanismos, que han dejado páginas tristes en la historia de Guatemala.