El fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana (Madrid, 1957) es el primer jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada recientemente por la ONU con el respaldo de una treintena de naciones. Devastado por 36 años de una guerra civil, el país centroamericano está ahora en plena descomposición social por los zarpazos de la violencia y la incapacidad de las instituciones.
A este paraíso de la impunidad llegará los próximos días Castresana, que puso la primera piedra de la persecución judicial de Augusto Pinochet, al presentar en julio de 1996 una denuncia contra el dictador chileno, amparándose en la jurisdicción universal establecida en los principios de Nuremberg.
¿Qué precedentes tiene la CICIG?
El modelo más parecido es el de la comisión de investigación que se creó en Líbano. Básicamente, se trata de una fiscalía internacional, que tiene una similitud con los tribunales internacionales de Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya y la Corte Penal Internacional.
. ¿Por qué Guatemala ha padecido y padece un nivel tan alto de violencia y de impunidad?
Las raíces están en un conflicto armado terrible, que causó una cifra de muertos excepcional. Los acuerdos de paz de 1996 tenían buenos deseos que no se tradujeron en hechos. Guatemala tiene una institucionalidad endémicamente débil y es, además, zona de paso de la droga que circula desde los países productores.
¿Cómo se manifiesta la debilidad del Estado en Guatemala?
Las estadísticas muestran que muy pocos casos se resuelven, menos llegan a juicio, y las sentencias condenatorias son casi inexistentes. El 98% de los asesinatos cometidos en Guatemala queda impune. Los casos resueltos se cuentan con los dedos de la mano.
La Comisión que usted preside, ¿investigará casos concretos?
Es muy importante medir bien las expectativas de la Comisión para evitar frustraciones. El objetivo es combatir la impunidad, demostrar con hechos, investigación bien construida, pruebas científicas y acusaciones sólidas que puede cambiar el marco de fracaso general y reiterado de las instituciones de administración de justicia.
Cuando un Gobierno como el de Guatemala reconoce que no puede afrontar el problema y pide ayuda, ¿está cediendo soberanía?
Creo que no, y así lo ha expresado la Corte de Constitucionalidad. Es una muestra de valentía por parte de una nación que acude a la comunidad internacional y dice: «No puedo solo, ayúdenme».
* Entrevista elaborada por Francesc Relea, corresponsal del diario El País.