Mediatización nos dice el DRAE es la «acción y efecto de mediatizar» y según el mismo diccionario, mediatizar es: » intervenir, dificultando o impidiendo la libertad de acción de una persona o institución en el ejercicio de sus actividades o funciones». Al comprender las definiciones que el diccionario nos da, entonces podemos hablar que, lamentablemente, somos una sociedad mediática en donde casi ningún sector, grupo o persona nos salvamos de ser incluidos en esta categoría para lo cual nos basta poner algunos ejemplos.
Empecemos por las «manifestaciones pacíficas» que actualmente está llevando a cabo el grupo político UNE-Gana para intervenir mediante amenazas y desplazamientos de personas manipuladas y acarreadas, en la libertad de acción que por ley tiene la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad a fin de definir jurídicamente si Sandra Torres se encuentra con prohibición constitucional para ser candidata a la Presidencia de la República.
El término de «manifestación pacífica», intencionalmente se ha tergiversado y distorsionado por grupos y grupúsculos que pretenden inclinar la balanza a su favor cerrando calles, avenidas, carreteras, etcétera, amparándose en el derecho a manifestar, pero violando otras garantías y derechos que la Constitución nos confiere como lo son el de libre locomoción, el derecho al trabajo, en algunos casos el derecho de propiedad privada, sobrepasando incluso el derecho de manifestación que la Constitución otorga, pero con la salvedad de que deben regirse por la ley con el único fin de garantizar el orden público que se convierte en «desorden público». Y no hablo sólo de esta manifestación en particular, sino las de los empleados del magisterio, de salud, los ex PAC, los jubilados, los campesinos, los estudiantes, etcétera, etcétera. Soy el primero en defender ese derecho a manifestarse públicamente, pero sin lesionar los derechos de otros, porque esa situación es precisamente lo que vulnera al derecho y la ley, fuera de que es un ejemplo de la anarquía que vivimos por la falta de autoridad de un gobierno agonizante y el abuso de los grupos que protestan y dañan a otros, por lo general a los más pobres y marginados, lo que convierte sus reclamos en crímenes contra la mayoría, a la que niegan sus derechos humanos garantizados constitucionalmente.
Pero hay otra clase de actos mediáticos que se dan por la intervención simple y llana de personas e instituciones, la mayoría extranjeras, que pretenden convertirse en los conductores del Estado. Un caso reciente es el del Jefe de la CICIG, el costarricense Francisco Dall’Anese que se permitió acusar de manera general, al Organismo Judicial, de la falta de justicia en Guatemala, apartándose totalmente, como en otras ocasiones, de la función que le fuera asignada a la CICIG y obviamente a sus funcionarios entre los que se encuentran el apoyar y coadyuvar en la aplicación de la justicia en el país. Y no quiero decir con esto, que Dall’Anese no tenga cierta razón, por cuanto hay jueces y magistrados, sobre todo en el interior del país, que no son los mejores servidores de la ley, sino, por el contrario, de la corrupción y el tráfico de influencias.
Sin embargo, el jefe de la CICIG debe presentar las denuncias de los casos que conozcan, en el Ministerio Público, acompañando las pruebas pertinentes para salir de estos malos servidores públicos y no utilizar los medios de comunicación para hacer señalamientos que aunque en parte son ciertos, no puede generalizarse y apartarse de su función esencial de servir a la justicia y tratar de investigar esas redes o mafias de empleados y funcionarios judiciales que están al servicio de intereses particulares presentando las denuncias respectivas a donde corresponde por ley.
La postura asumida por el jefe de la CICIG no es de su exclusividad pues, constantemente, vemos a grupos sociales o embajadores «amigos» que a través de la mediatización que sufren la mayoría de medios de comunicación, hacen acusaciones graves que para ser realmente útiles y positivas deben ir acompañadas de pruebas o evidencias reales que deben ir a los tribunales. Tal parece que desde 1954 ya nos acostumbramos a la intervención extranjera.
Otra expresión de esta mediatización la tenemos con el «proyecto» del Ejecutivo de reducir el Presupuesto de la Nación en más de dos millardos, teniendo mucho cuidado de quitarle fondos a programas de educación, salud y seguridad que son vitales para la mayoría de guatemaltecos. Esto, obviamente, es una estratagema de dicho organismo para que el Congreso apruebe los préstamos y otras leyes que interesan al gobierno, para fines que en el papel pueden ser unos, pero que en la realidad son otros. Es pues, una maniobra para que otro organismo del Estado haga lo que ellos desean al haber perdido el poder político, máxime al estar a pocos meses de un relevo en la actual administración en donde parte de sus «aliados» ya huyó o está huyendo del barco al notar que éste se hunde.
Y finalmente, quiero poner otro ejemplo que nos atañe a los que de alguna manera hemos crecido y seguimos dentro del periodismo: la mediatización de la mayoría de medios de comunicación. En efecto, es fácil observar como algunos medios tanto de la prensa escrita, radial o televisiva, en determinadas circunstancias, cuando hay intereses propios de por medio, manifiestan su agrado o desagrado por ciertas medidas, instituciones o personas y tratan de intervenir para que la balanza se incline hacia lo que pretenden, defendiendo sus propios intereses y no los colectivos. Los mejores jueces de esta actitud son los lectores, oyentes o televidentes que juzgan y perciben lo que estoy diciendo.
LíDERES DE CARTí“N. En el magisterio y salud pública existen «líderes» de cartón, que han vivido de un supuesto sindicalismo durante años y algunos, como Joviel Acevedo, se han vuelto millonarios, junto a su abogado, el hermano de Sandra Torres, fuera de gozar del privilegio de no trabajar y cobrar y usar vehículos y guardaespaldas proporcionados por el gobierno.
Nuevamente, ¡qué asco!