El Congreso de la República se dispone a aprobar, en tercera lectura, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito por los Presidentes Centroamericanos en la ciudad de Panamá el 10 de diciembre de 1992. De aprobarse la normativa, Guatemala podría enviar el caso del asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen y su piloto a esa judicatura.