El ex presidente Alberto Fujimori fue condenado ayer en primera instancia a 6 años de prisión por haber ordenado durante su mandato el allanamiento de una residencia de su ex asesor Vladimiro Montesinos, en la primera condena que recibe dentro de los siete procesos que enfrenta en Perú.
La sentencia, dictada por el juez instructor de la Corte Suprema, Guillermo Urbina, fue escuchada por el ex mandatario quien se mantuvo imperturbable y apeló el fallo.
«Presento recurso de apelación parcial respecto de la pena y la reparación civil», dijo al ser requerido por el magistrado Urbina.
El ex mandatario, de 69 años, y que gobernó a Perú entre 1990 y 2000, deberá pagar también 400 mil soles (unos 135 mil dólares) como reparación al Estado, según el fallo cuya lectura duró tres horas.
Culminada la audiencia y tras cumplir con el trámite de firmar la sentencia en la que también puso su huella dactilar, Fujimori se despidió con una sonrisa de sus tres hijos que seguían la sesión en una habitación contigua separada de la sala de audiencias por un ventanal antibalas.
El fallo contra Fujimori constituye un hecho sin precedentes pues la historia republicana de Perú no registra ningún sentencia condenatoria a un ex jefe de Estado.
El tribunal encontró al acusado como inductor del delito de usurpación de funciones y desestimó «la confesión sincera» a la que se acogió el ex mandatario para aminorar su condena que su abogado esperaba fuera de cuatro años (que le hubiera librado de la cárcel) y mantener determinadas reglas de conducta.
La confesión fue tardía e inoportuna y demoró siete años, según el fallo.
El magistrado Urbina estimó que durante el proceso el comportamiento de Fujimori «no ha facilitado el objetivo del proceso, no se sometió voluntariamente a la justicia, ni se puso a derecho, sino que su procesamiento es consecuencia de un largo proceso de extradición».
Fujimori fue repatriado desde Chile el 22 de setiembre a pedido de la justicia peruana.
Del mismo modo «lo declarado por Fujimori no contribuyó a los objetivos generales del proceso y sólo se limitó a reconocer lo que ya se sabía y se tenía probado antes de sus declaraciones. No ha mostrado sincero arrepentimiento».
La sentencia determinó además que la operación de allanamiento fue concebida por Fujimori y se realizó con el pretexto de capturar a Vladimiro Montesinos, pero su verdadero objetivo era la incautación de pruebas que pudieran comprometer al ex presidente.
La actuación del ex mandatario fue considerada como de «gravedad superlativa» y como «dolo directo de primer grado, con preparación cuidadosa, en que actuó con plena conciencia de lo que ordenaba».
Finalizada la audiencia la hija del ex mandatario, la parlamentaria Keiko Fujimori, denunció una persecución judicial y se mostró muy molesta por el fallo emitido.
«Es una sentencia injusta. Mi padre ha reconocido su responsabilidad en este caso y no se le ha reconocido», dijo.
Por su parte, el también congresista Santiago Fujimori, hermano del ex presidente, aseveró a la prensa: «Me parece un exceso, la tipificación del delito debió ser la de violación de domicilio y no de usurpación de funciones».
El allanamiento de la casa de Montesinos se produjo el 7 se noviembre de 2000, en las postrimerías del régimen fujimorista, ordenada por el propio ex gobernante, según la justicia peruana, para buscar videos que podrían comprometer al ex mandatario en actos de corrupción.
Montesinos, eminencia gris del fujimorismo, tenía la costumbre de grabar en videos reuniones con encumbrados personajes, sin que éstos lo supieran, a quienes luego sometía a chantaje.
Muchos de esos videos salieron a luz tras el descalabro del régimen de Fujimori y constituyeron pruebas contundentes contra el propio Montesinos y sus interlocutores.
La segunda jornada del juicio por violación a los derechos humanos contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori se inició hoy a las 9:30 horas locales (8:30 horas en Guatemala) en una sede policial al este de Lima.
El ex mandatario, de 69 años, es procesado desde el lunes por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta, ocurridas en Lima entre 1991 y 1992 con saldo de 25 asesinados, y por dos casos de secuestro de opositores durante su mandato (1990-2000).
En un caso separado, el martes Fujimori fue condenado a seis años de prisión por un allanamiento ilegal en 2000, al final de su mandato.