Debe haber coherencia ética en actuaciones de diputados


En el camino de restituir la imagen tan dañada de la institucionalidad del Congreso y de los diputados, las recientes hazañas solo confirman que el proceso es lento y largo.

Julio Donis C.

Ciento cincuenta y ocho son los diputados sobre los que recae la responsabilidad del poder legislativo, son los que tienen el poder de pensar, diseñar e implementar una ley como parte del llamado control parlamentario, para aportar al mejoramiento de las demandas sociales que debe saber atender un Estado. En otras palabras podrí­amos llamar a esto gobernabilidad, concepto que ha adquirido relevancia en el contexto de democracias que se consolidan (como ésta) porque representa la posibilidad, como apuntaba, de atender mediante compromisos y consensos las demandas más sentidas de la sociedad.


El Parlamento está llamado a ser sujeto activo y promotor de dicha gobernabilidad que puede ser de tipo polí­tico. Los diputados tienen la potestad dada por los votos de los ciudadanos, de gestionar aquellos consensos que se derivan en el principio, de las demandas sociales para convertirlos en leyes o decretos emanados en el pleno del poder legislativo. Dichos productos legislativos deben ser mediados o explicados de manera oportuna y transparente a la población. Este ejercicio que se describe como la definición inherente de uno de los deberes parlamentarios, sintetiza la relación Congreso-sociedad, se suma a este intercambio la certeza jurí­dica suficiente como condición para que la sociedad civil desarrolle capacidad de jugar un papel primordial.

El Congreso es la sede natural para lograr acuerdos polí­ticos entre los partidos, para decidir en el marco de las reglas democráticas, sobre los mejores destinos de la sociedad en base a la configuración de las mayorí­as, canalizar la participación polí­tica y representar la voluntad ciudadana.

Dicho este pequeño marco de explicaciones de la función parlamentaria, es obligado observar con este lente la gestión del Congreso actual. En el camino de restituir la imagen tan dañada de la institucionalidad del Parlamento y de los diputados, las recientes hazañas sólo confirman que el proceso es lento y largo. Los diputados deben asumir institucionalmente y de manera personal, que el papel del legislador es público y como tal se espera una coherencia ética en sus actuaciones.

Institucionalidad débil

La iniciativa de los diputados, bajo el Decreto 72-2007 para promover una indemnización a los que no se reeligieron, así­ como aumento de salario para los parlamentarios demostró hechos que se saben y otros que se intuyen: primero, la institucionalidad del Congreso aún es muy débil, la confianza en los representantes legisladores es pobre; haga una relación de la siguiente manera, si desconfí­o en alguien, sus actos en principio son objeto de la misma desconfianza. Segundo este gesto al final del año cuando se conjuga el término de la actual legislatura con vacaciones y fiestas navideñas en ciernes no fue el más afortunado. En clave de estrategia polí­tica parlamentaria, los diputados actuaron por sus instintos y no por sus instancias partidarias. Desde la población es adverso por donde se vea porque es visto desde los ojos de la mayorí­a que está desposeí­da.

No hay lí­nea de mando

Tercero, quedó claro que falta mucho por consolidar la institucionalidad de los partidos como unidades coherentes y disciplinadas en los distintos escenarios donde representen. No hay lí­nea de mando, los diputados responden a otros intereses que parecieran más individuales y coyunturales. En algo contribuirán gestos como, la destitución de la directiva parlamentaria de Nery Samayoa en el caso de la UNE; la posible sanción de los diputados Méndez Herbruger y Martí­nez Lohayza en el caso de la Gana; la expulsión de tres diputados en el caso del Patriota, que dicho sea de paso no habí­a seguridad de su afiliación y quizá de tal cuenta su pobre lealtad. Sin embargo estos alardes deben pasar de eso y convertirse en actos de voluntad concreta que fortalezcan el liderazgo de los partidos. Tampoco contribuye la posición del diputado Barquí­n de la Gana al decir que los problemas del Congreso se resuelven internamente, no olvidar que para bien o para mal dichos problemas tienen repercusión pública, porque eso es el parlamento, una expresión pública, una expresión de Estado mandada por la voluntad ciudadana.

Cuarto, es cierto que el Congreso es la sede natural para acuerdos polí­ticos pero hay acuerdos y hay acuerdos, el del Decreto 72-07 no fue uno de estos, y lo prueban hechos como la exposición de la iniciativa por un diputado tránsfuga; la justificación enredada del Presidente Rubén Darí­o Morales, las contradicciones de Eduardo Meyer en ausencia de su lí­der máximo y los descaros de Pablo Duarte entre otros. Esta legislatura termina con desaciertos en la gobernabilidad polí­tica y empaña el camino para el inicio de la gestión uneí­sta, niebla que le tocará disipar a la siguiente legislatura que contará con más refuerzos en su Junta Directiva.

Concluyo con datos para que usted lector se vaya haciendo una idea de lo que viene:

CONGRESO DE LA REPíšBLICA

Perí­odo 2008-2012

Total de diputaciones: 158

141 (89%) diputados ladinos

17 (10%) diputados indí­genas

19 mujeres (13%)

139 hombres (87%)

Otros datos:

118 diputados buscaron la reelección

68 diputados se reeligieron

82 diputados son nuevos (es su primera experiencia)

8 diputados han tenido el cargo en otros perí­odos, no necesariamente el actual.

14 diputados son jóvenes (menores de 35 años)

«La institucionalidad del Congreso aún es muy débil, la confianza en los representantes legisladores es pobre»

Julio Donis.