Disposiciones cada vez más disparatadas e injustas


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Está de moda hablar del Estado fallido, de un gobierno inútil o de funcionarios que no dan pie con bola. ¿Qué otra cosa puede esperarse cuando hace falta de todo en los hospitales y en las escuelas públicas a pesar de seguir cacaraqueando gratuidad; a pesar de la espantosa inseguridad por la que atravesamos, la gente anda armada sin que ninguna autoridad se atreva a exigir que le muestren la licencia respectiva y los tribunales condenan con risibles penas a reos altamente peligrosos o los sueltan con la dudosa y tradicional causa de falta de pruebas?

Francisco Cáceres Barrios
fracaceres@lahora.com.gt

 


¿Sabe usted qué es lo peor? Que nuestros funcionarios no han aprendido  siquiera a redactar bien sus disposiciones, cuando en tres años y medio de estar recibiendo buenos sueldos no se les ha exigido escribir correctamente. Algunos lectores podrán decir –en lo que se fija este fulano, cuando hay cosas más importantes que tratar. Pero, si analizan a fondo lo que a continuación les voy a contar, entonces podrán  imaginarse cuántas cosas chuecas más, incluso de mayor envergadura, han estado ocurriendo.

En la edición del 15 de julio del  Diario de Centro América, se publicó el Acuerdo Gubernativo Número 224-2011, por medio del cual establecen montos que los interesados deben pagar para obtener, renovar o reponer licencias de conducir (sobreentendiendo que hablan de “vehí­culos automotores”, porque la citada disposición no lo especifica) y a pesar que a todos consta que la población anda a tres menos cuartillo, le impondrán multas (entre Q50 y Q300) por no haberlo hecho dentro de la vigencia de la misma. ¿A cuenta de qué, si al renovarla cobran el perí­odo completo desde la fecha de vencimiento anterior?, ¿por qué multar dos veces una omisión cuando al sorprender al conductor sin licencia o vencida también le aplican otras multas?

Exceptúan de lo anterior a quienes se encuentren fuera del paí­s, están presos o padecen alguna enfermedad pero, ¿olvidaron a propósito al conductor que habiéndole robado su vehí­culo, por su pobreza extrema no puede reponerlo y encima lo obligan a pagar multa por una licencia que no necesita?

Como una prueba más de lo disparatadas e injustas que son las disposiciones del gobierno “de” Colom, dispusieron en el artí­culo 4º del citado Acuerdo que, cuando una persona deje por cualquier motivo de utilizar la licencia de conducir un vehí­culo “automotor” (aunque no lo especifica) debe dar aviso al Departamento de Tránsito solicitando suspensión de la misma. ¿De qué cuenta, si puede serle útil en cualquier momento? La población sabe bien que aquello de usar chalecos, cascos o no llevar más de una persona en moto no funcionó sin embargo, en el afán de llevar más dinero a las arcas del Estado, cuando la ví­ctima requiera de algún trámite relacionado con su respectiva licencia de conducir vehí­culo automotor le van a caer encima inmisericordemente. ¡Vaya contrasentido!