Algunos de mis contados lectores recordarán que en este espacio del jueves pasado, aludí­ a un refrán popular que se refiere a que quien paga la marimba  es el que escoge las piezas musicales, aunque lo escribí­ con otras palabras al citar un razonamiento (¡!) del experto o técnico Alfonso Castillo, nada menos que representante de la Fundación Mario Dary, “coadministradora de Punta de Manrique, que acompañó el proceso de elaboración de un estudio costeado por la empresa mexicana Tomza, sobre la flora, fauna, vida marí­tima y las comunidades humanas que habitará en el proyecto”, y quien se inclina favorablemente por la instalación de una planta de gas licuado en esa área protegida.

Lo extraño no es que alguien apoye un proyecto que afectará un ecosistema del paí­s, sino que sea, precisamente, una persona supuestamente ambientalista y que presta sus servicios en la fundación que lleva el nombre del asesinado Mario Dary, el que avale los estudios de impacto ambiental, argumentando que “el área estudiada no presenta mayor diversidad biológica y el uso de la tuberí­a y del atracadero generarán impactos mí­nimos y temporales”.
 
Lo más cercano a la honestidad serí­a que este experto, por el simple hecho de representar a una fundación ambientalista llamada a proteger el medio ambiente, especialmente áreas protegidas, se hubiese abstenido de participar en un estudio financiado por la empresa Tomza, porque su opinión no es imparcial ni objetiva, puesto que hay conflicto de intereses entre lo que le paga esa compañí­a que le ha prestado sus aeronaves al presidente Colom al realizar viajes al extranjero, y su tendencioso criterio.

Don Juan Fratti, ambientalista independiente, ha rebatido convincentemente a Alfonso Castillo, al puntualizar los siguientes contundentes argumentos: 1-Se tiene que dragar y construir una dársena y un muelle para que atraquen los barcos de gran calado que descargarán el gas licuado. 2- La operación de descarga es peligrosa, comenzando por el calor imperante en la región, puesto que existe la posibilidad de que una mí­nima chispa provoque un incendio de catastróficas proporciones en el descargo y en el gasoducto.

Una tercera razón, es que el gas licuado es mucho más peligroso que el petróleo, por lo que implica mayor riesgo en su transporte. 4- Tomza derribará árboles para que ingrese la maquinaria y abrirá brechas con motosierras para el gasoducto y “trocopases” para la maquinaria, mixto listo y otros productos. 5- Las bombonas de gas deben tener un sistema de “sprinkler”, para mantenerlas siempre frescas. 6- El terreno es fangoso, por lo que un leve sismo podrí­a provocar la ruptura de la tuberí­a del gasoducto.

Además, en los oleoductos se considera derrame cualquier vertido de más de un barril (200 litros) por tramo de 400 kilómetros. 8- Una fuga de gas es más difí­cil de detectar que una fuga de petróleo. Asimismo, como la empresa Tomza planifica ocupar no menos de 150 empleados, adiciona elementos nocivos, como comedores sin control sanitario, hoteluchos, cantinas, prostitutas y, por ende, enfermedades venéreas que trasmitirán marinos ávidos de satisfacción sexual que infectarán a mujeres ansiosas de obtener dinero fácil.
 
¿Podrá rebatir estos argumentos el técnico, ingeniero o doctor en ciencias ecológicas Alfonso Castillo, subempleado de Tomza? ¿Es más importante el dinero que esa empresa le ha pagado a la Fundación Mario Dary para que presente un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) que favorezca los intereses de esa compañí­a, o debe prevalecer la defensa de los derechos soberanos sobre los recursos naturales no renovables?
   (Agradezco todos los correos y acotaciones a mis artí­culos ante las intimidaciones que pretenden silenciar mi voz en salvaguarda de los litorales del Atlántico y del Pací­fico).