Si se repasan las necesidades de inversión en el paí­s tiene que llegarse a la conclusión de que el Presupuesto es insuficiente para atenderlas, pero hay áreas en las que resulta urgente hacer fuertes inversiones para revertir la tendencia hacia el Estado fallido que andamos bordeando desde hace mucho tiempo. Y el tema de la justicia es esencial, porque si algo nos hace daño como sociedad es la impunidad existente que se refleja en las raquí­ticas cifras de logros en materia de condena a los responsables de algún delito.

Después de una campaña en la que predominó el tema de la seguridad y que evidentemente generó un mandato compartido por quienes clamaban por combatir la violencia con inteligencia y quienes se deslumbraron por la idea de la mano dura. De suerte que es indiscutible que la población privilegió el tema y que la mayorí­a se inclinó por acciones enmarcadas de hecho y de forma en el régimen de legalidad que implican el fortalecimiento del sistema de justicia para combatir la impunidad.

Y de esa cuenta es que no sólo se puede decir que la CICIG contó con un sólido respaldo entre la población, que de manera indirecta apoyó las acciones orientadas a aplicar la ley con precisión a los delincuentes, sino que además las autoridades están en la obligación de proveer los fondos necesarios para que pueda funcionar con eficiencia el aparato de investigación que demuestre a los delincuentes que ya no somos un paí­s en el que quien la hace nunca la paga y que quienes se dedican a delinquir tienen la tranquila certeza de que no serán perseguidos porque las investigaciones son muy deficientes y pobres.

Ahora es momento de mostrar la voluntad polí­tica, coherente con el mandato expresado en las urnas por la población que avaló ambas propuestas con respecto a la seguridad ciudadana, y la mejor forma de hacerlo es implementando los mecanismos financieros para mejorar no sólo a los tribunales encargados de administrar la justicia, sino a entidades como el Ministerio Público que siguen siendo inútiles en cuanto al cumplimiento de sus fines porque no pueden armar efectivamente los casos para garantizar que los criminales sean condenados, y a la Policí­a Nacional Civil que requiere de más dinero para mejorar su labor de prevención del delito.

Pero a nuestro juicio la piedra angular debe estar en el Ministerio Público con su equipo de investigación porque de ellos depende que se logren condenas y que se enví­e un claro mensaje al criminal de que se acabó la fiesta, que ya no habrá más impunidad y que Guatemala entra a la senda del respeto irrestricto de las leyes para garantizar la pací­fica convivencia.