Las mujeres inmigrantes que son víctimas de violencia en España tienen un riesgo seis veces mayor que las españolas de ser asesinadas, según un estudio presentado el viernes por Amnistía Internacional (AI) ante el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el domingo.
Las mujeres inmigrantes, «especialmente las que cuentan con una situación administrativa irregular», tienen «seis veces más riesgo que las españolas de ser asesinadas por sus parejas o ex parejas», según este informe presentado en la sede española de la organización de derechos humanos.
El estudio «Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género» analiza a «un colectivo especialmente vulnerable, que encuentra graves obstáculos en el acceso a los recursos especializados, a la autonomía económica y a la justicia y reparación».
De los 45 millones de personas que viven en España, cerca del 10% son extranjeros, es decir, unos 4,48 millones, y algo más de la mitad, unos 2,5 millones, son latinoamericanos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2007.
Los inmigrantes ilegales oscilan entre 800.000 y un millón.
España adoptó en enero de 2005 una Ley integral contra la violencia de género, primera norma impulsada por el partido socialista al llegar al gobierno, en abril de 2004, que incluyó la creación de tribunales especiales y más apoyo policial, jurídico y psicológico a las mujeres maltratadas.
Pero la legislación no ha podido frenar estos asesinatos de mujeres y en 2006 la cifra se elevó a 68. En lo que va de 2007, este número ya se ha superado y ha alcanzado las 70 muertes.
La última de ellas, Svetlana, era una joven rusa de 30 años que fue apuñalada el martes por su ex pareja, quien cinco días antes intentó reconquistarla sin éxito en un popular programa de televisión.
Según datos del Instituto de la Mujer del 15 de noviembre, de las 65 mujeres asesinadas hasta entonces, 24 fueron extranjeras.
Casi tres años después de la adopción de la Ley, la discriminación contra las extranjeras «persiste y se ha incrementado», en contra de la legislación, denunció María Naredo, autora del informe de AI.
Una de las barreras es el acceso a recursos especiales, como intérpretes para quienes no hablan español, pero muchas veces faltan recursos para ello, o éstos están mal preparados, explicó Naredo.
Además, el acceso a la autonomía económica es «esencial cuando la víctima quiere romper con el ciclo de violencia».
Pero las víctimas, que están en situación ilegal, a lo sumo pueden recibir el permiso de residencia, pero no de trabajo, y «no pueden acceder a ninguna ayuda económica» aunque denuncien por ser irregulares, por lo que no pueden desvincularse del agresor.
El acceso a la justicia también se hace difícil debido a la «gran falta de información» tanto de las víctimas como de muchos abogados.
A esto hay que sumar el miedo a poner denuncias por temor a ser expulsadas del país, por lo que al acudir a los abogados, «la prioridad, más que salir del ciclo de la violencia, es regularizar su situación para poder desvincularse de su agresor», apuntó Esther García, abogada de la asociación Dones Juristas de Cataluña (este).
En su informe, AI recomienda al gobierno español proteger a este colectivo independientemente de que denuncien, y facilitarles un permiso de trabajo para conseguir la autonomía económica.