La Corte Suprema de Pakistán, reestructurada con una composición más favorable al poder, rechazó hoy cinco de los seis recursos contra la reelección del presidente Pervez Musharraf, respaldándolo en su pulso contra la oposición paquistaní­ y la comunidad internacional.

«Cinco recursos fueron rechazados, sólo queda uno, que será examinado el jueves», anunció Malik Mohammad Qayyum, fiscal general de Pakistán, principal abogado del gobierno en el derecho paquistaní­.

La más alta jurisdicción del Estado debí­a examinar recursos presentados por la oposición sobre la validez de la elección presidencial del 6 de octubre y sobre la elegibilidad de Musharraf.

Dado que su veredicto se retrasaba y que, según la oposición, la mayorí­a de los jueces era hostil al general Musharraf, el jefe de Estado instauró el 3 de noviembre el estado de Excepción, invocando para ello la amenaza del terrorismo islamistas.

Inmediatamente, Musharraf -en el poder tras un golpe de Estado hace ocho años- destituyó a siete de los once jueces que se negaban a prestar juramento bajo el estado de excepción.

Entre ellos estaba el presidente de la Corte, el juez Iftikhar Muhammad Chaudhry, que desde marzo se habí­a convertido en un sí­mbolo de la oposición al régimen.

Algunos se encuentran desde entonces en arresto domiciliario, el juez Chaundhry incluido.

La decisión del lunes, tomada por una Corte Suprema reestructurada con jueces que prestaron juramento bajo un régimen que suspende la Constitución, amenaza con intensificar la crisis polí­tica.

La oposición y la comunidad internacional sospechan que el general Musharraf mantiene el estado de excepción con el objetivo de ganar fácilmente las elecciones legislativas previstas para antes del 9 de enero.

El 6 de octubre Musharraf fue elegido presidente por sufragio indirecto del Parlamento y de las asambleas provinciales salientes, en las que tení­a amplí­a mayorí­a.

Antes de la elección, la oposición habí­a recurrido a la Corte Suprema alegando dos motivos. Por una parte, que el futuro presidente debí­a ser elegido por las asambleas surgidas de las elecciones de enero y no por las salientes. Por otro lado, que la Constitución obligaba al general Musharraf a dimitir de su puesto de jefe de las fuerzas armadas antes de presentarse a la elección, algo que prometió hacer una vez reelegido.

Antes de la instauración del estado de excepción, la Corte Suprema habí­a suspendido el resultado de la elección presidencial, condicionándola a su veredicto sobre la validez de los comicios y la elegibilidad del jefe de Estado saliente.

Bajo la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, Musharraf anunció en los últimos dí­as que la fecha de las elecciones se mantení­a para enero y que renunciarí­a a su cargo de jefe de las fuerzas armadas cuando se proclamase oficialmente su reelección, asegurando que prestarí­a un juramento de «presidente civil».

Pero se negó a levantar el estado de excepción, apoyándose en la multiplicación de los atentados terroristas y en el avance de los combatientes islamistas afines a Al Qaida en el noroeste del paí­s.