Presos en su casa



Los hondureños desisten de salir a la calle, sobre todo en la noche, por miedo a los delincuentes, y cuando lo hacen la mayorí­a no lleva joyas ni dinero en efectivo ni tarjetas de crédito, prefiriendo quedarse en sus casas convertidas en verdaderas ’cárceles’ por las medidas de seguridad.

Así­ lo pone en evidencia una encuesta del gubernamental Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en la que refleja que el 65,8% de las personas dejó de salir de noche, mientras que el 58,8% ha dejado de usar joyas y el 52,4% no lleva dinero en efectivo.

Según la encuesta, realizada entre el 8 de julio y el 14 de agosto con una muestra de 1.200 personas a nivel nacional y un margen de error del 2,8%, casi la mitad (44,7%) de los hondureños ha dejado de usar el transporte público, el 33,3% evita desplazarse en taxi, lo que ha provocado que el 43,3% haya dejado de visitar a parientes y amigos.

El 33,4% también ha optado por dejar sus tarjetas de crédito en casa.

El 52,7% ha confesado haber sido ví­ctima en alguna ocasión de robos en la calle o en su casa (25%).

A más de la mitad los han asaltado con armas de fuego y a otro porcentaje considerable (23,5%) con arma blanca.

Por todo esto, los hondureños se acantonan en sus viviendas detrás de puertas blindadas, rejas, bardas y alarmas, contratan seguridad privada y aumentan las medidas de seguridad en sus vehí­culos.

No obstante, el sondeo refleja que se ha sobredimensionado el problema de las maras y pandillas, porque solo un 9,8% se ha visto «muy afectado» por sus violentos miembros. En cambio, el 30,3% respondió que «poco» y el 39,8% «nada».

Según el comisionado de Derechos Humanos, ahora se deben «sentar las bases» para crear una «verdadera polí­tica pública de seguridad del Estado», que involucre y en la que participen todos los sectores sensibilizados con este flagelo.

«No (hay que) ampliar las penas en el Código Penal, por el contrario hay que fortalecer la policí­a de investigación, para que se garantice el castigo a los culpables y evitar la impunidad, aplicando las penas existentes, ya que, por el contrario, si no se garantiza el castigo al delincuente, las penas privativas de libertad que han sido ampliadas nunca tendrán el efecto disuasivo de la delincuencia», recomendó.