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Pakistán TV (PTV) no dio más detalles, pero unas horas antes el fiscal general del paí­s, Malik Mohamad Qayyum, habí­a adelantado a la AFP que las legislativas se celebrarí­an en febrero y que el estado de excepción, instaurado por Musharraf el pasado sábado, se levantarí­a antes de la cita con las urnas.

El general Musharraf también renovó hoy su promesa de abandonar el cargo de jefe de las fuerzas armadas antes de prestar juramento para su segundo mandato como jefe del Estado, según PTV, que no precisó fecha alguna.

Al mismo tiempo, la policí­a advirtió a la ex primera ministra, Benazir Bhutto, de que kamikazes islamistas se preparaban para cometer un atentado durante una reunión de su partido, el viernes en los alrededores de Islamabad.

Bhutto fue blanco en octubre del atentado suicida más sangriento de la historia de Pakistán del que salió ilesa.

En la noche del miércoles, Bhutto, que hasta entonces negociaba un acuerdo de reparto de poder con el presidente Musharraf, dio un giro radical de actitud e instó a los paquistaní­es a «protestar masivamente contra el estado de excepción».

Musharraf, que tomó el poder hace ocho años con un golpe de Estado incruento, decretó el sábado el estado de excepción invocando la multiplicación de los atentados islamistas y la injerencia de la justicia en la lucha contra los extremistas.

Pero la oposición y los paí­ses occidentales coinciden en que ha encontrado un pretexto para mantenerse en el poder cuando se acerca la fecha de las legislativas y en un momento en que su popularidad registra mí­nimos históricos.

El anuncio de PTV tiene lugar en momentos en que Musharraf se encuentra bajo la intensa presión de la comunidad internacional, incluido Washington, su principal aliado en la «guerra contra el terrorismo» y principal financiador.

Pero también la sociedad civil paquistaní­ ha expresado su descontento y celebró desde el sábado manifestaciones pací­ficas, que la policí­a reprimió violentamente.

Más de 3.000 personas fueron detenidas o puestas bajo arresto domiciliario, en su mayorí­a abogados y magistrados, que desde hace ocho meses encabezan la oposición contra Musharraf, así­ como miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos y dirigentes de partidos de oposición.

Un tribunal antiterrorista ordenó el jueves la puesta en libertad bajo fianza de 331 abogados detenidos en Lahore (este) acusados de «terrorismo» y «participación en disturbios», afirmó a la AFP su defensor, Aftab Ahmed Bajwa.

En Karachi (sur), las autoridades acusaron de sedición a cuatro personas, tres polí­ticos y un sindicalista, por haber criticado el estado de excepción en sus discursos. La sedición es un delito que puede acarrear la pena de muerte en Pakistán.

La presión en el paí­s aumentó después de que Bhutto instase a protestar contra el estado de excepción. Según sus detractores y diversos analistas polí­ticos, la dirigente lleva a cabo un doble juego y su llamamiento del miércoles tení­a como único objetivo incrementar la presión sobre Musharraf.

Hasta ese momento, la ex primera ministra se habí­a contentado con reclamar el respeto del calendario electoral, porque desde hací­a meses negociaba con Musharraf un reparto de poder con motivo de las legislativas que es observado con agrado por Estados Unidos.

El jueves el presidente estadounidense George Bush llamó por teléfono a Musharraf. «Mi mensaje es muy claro, muy fácil de entender: Estados Unidos quiere que se celebren las elecciones como estaba previsto», aseguró.

Islamabad dio, sin embargo, una versión muy diferente de dicha conversación. «El presidente Bush elogió la acción del presidente Pervez Musharraf y el papel estratégico que juega Pakistán en la lucha contra el terrorismo y el extremismo, que constituye un desafí­o mayor no sólo para nuestro paí­s sino para todo el mundo», según el ministerio paquistaní­ de Relaciones Exteriores.

Antes del 15 de febrero

El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, anunció hoy que las elecciones legislativas se celebrarán antes del 15 de febrero, informó la televisión estatal en el sexto dí­a de estado de excepción.

Pakistán TV (PTV) no da más detalles pero unas horas antes el fiscal general del paí­s habí­a adelantado a la AFP que las legislativas, previstas inicialmente para mediados de enero, se celebrarí­an en febrero y que el estado de excepción se levantarí­a antes de la cita electoral.

El general Musharraf, que dirige Pakistán desde un golpe de Estado incruento hace ocho años, también renovó el jueves su promesa de abandonar el cargo de jefe de las fuerzas armadas antes de prestar juramento para su segundo mandato como jefe del Estado, según PTV, que no precisó fecha alguna.

Estos anuncios se producen tras intensas presiones de la sociedad civil y de la oposición en la calle, pero también -y sobre todo- de la comunidad internacional unánime liderada por Estados Unidos, el principal proveedor de fondos de Pakistán desde que se convirtió en su aliado clave en su «guerra contra el terrorismo» en 2001.

Durante la noche, el presidente de estadounidense, George W. Bush, llamó por teléfono a Musharraf, exigiéndole que mantenga las elecciones y renuncie a la jefatura de las fuerzas armadas.

Musharraf fue reelegido triunfalmente presidente el 6 de octubre por sufragio indirecto de asambleas nacionales y provinciales en las que disponí­a de cómodas mayorí­as.

Pero su suerte estaba suspendida desde entonces a una decisión de la Corte Suprema sobre su elegibilidad y la validez de la elección presidencial.

Sin embargo, instauró el estado de excepción a pocos dí­as de que se anunciara el veredicto y destituyó después a los jueces de la Corte Suprema que no le eran favorables, alegando la amenaza del terrorismo islámico y la injerencia del poder judicial en la lucha contra los extremistas.

La oposición planteó ante la principal jurisdicción del paí­s la supuesta inelegibilidad del presidente saliente, al estimar que la Constitución le obligaba a dimitir del cargo de jefe de las fuerzas armadas antes de las elecciones. Además, también cuestionó la validez de las elecciones, argumentando que el nuevo jefe de Estado debí­a ser elegido por las asambleas surgidas de las futuras legislativas, y no por las salientes.