Elisabeth ívalos
Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica, CEESC.
La «limpieza social» es un fenómeno que en Guatemala, revestida de diferentes aristas, se ha aplicado por mucho tiempo. Durante los regímenes militares fue uno de los bastiones para ’corregir’ los problemas sociales y delincuenciales, al mismo tiempo que se utilizó para la desaparición de enemigos políticos.
De ahí la limpieza social ha sido aplicada desde dos posiciones. Desde el Estado mismo, ya sea por política expresa o por omisión para hacer justicia, y por grupos del sector privado o de la población misma que encontraron en ella la forma de solventar sus problemas de seguridad o de dirimir sus problemas de carácter personal.
Aunque no se puede asegurar que actualmente la limpieza social es una política de Estado, se considera que la misma ha sido aplicada en los últimos años bajo el amparo de algunos miembros de las fuerzas de seguridad del país. Asimismo, el aparecimiento constante de cadáveres con el denominado tiro de gracia o señales de tortura muestra que el fenómeno se ha convertido en cotidianidad.
Durante este año dos casos han puesto en la picota a las fuerzas de seguridad, atribuyéndoseles acciones de limpieza social. El primero, ocurrido en febrero, es el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su chofer que culminó con la destitución del director de la PNC, Erwin Sperinsen; el jefe de la División de Administración Criminal, Víctor Soto; la renuncia del subdirector de Investigaciones, Javier Figueroa y, por último, la renuncia (obligada) del ministro de Gobernación, Carlos Vielmann.
Previo a las destituciones y renuncias, cinco policías, miembros de la unidad contra el crimen organizado, habían sido apresados acusados de ser los autores de los asesinatos. Pocos días después fueron ejecutados, supuestamente, por miembros de pandillas, dentro de una de las cárceles de alta seguridad del país.
La última semana de septiembre, cinco hombres capturados en el barrio El Gallito aparecieron muertos en los alrededores de El Naranjo. Por el hecho se capturó a dos miembros de la PNC, cercanos colaboradores (escoltas) del director de la PNC, Julio Hernández Chávez, a quien se le pidió su renuncia.
Aún y cuando estos acontecimientos han puesto sobre el tablero la participación de las fuerzas de seguridad en la denominada «limpieza social», la sociedad guatemalteca, debido a los altos índices de inseguridad, considera que este método es eficaz para combatir la delincuencia. Una encuesta realizada a mediados de año y publicada en Siglo Veintiuno, informaba que un 60% de los encuestados estaba de acuerdo en que fuera utilizada la limpieza social.
Cientos de casos
En el medio de estos dos hechos se pueden enumerar cientos de casos más. Un informe del mes de junio de este año, presentado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), muestra que durante el mes de mayo fueron ejecutados mediante el método de limpieza social un total de 13 personas.
Por otra parte, el surgimiento de grupos que se autodenominan de «limpieza social», tal como los ’íngeles Vengadores’ que opera en la Terminal de la zona 4, así como los que funcionan en Sololá con los nombres de ’Limpieza Social’, ’Los Justicieros’ y ’Grupos Armados sin Fronteras», son muestra de que éste fenómeno se está arraigando en el país.
Los linchamientos como parte de la «limpieza social»
Desde la década de los 90 el fenómeno de los linchamientos se ha convertido en otra forma de limpieza social practicada por los habitantes de poblaciones del interior del país, especialmente. Esta forma de justicia por mano propia ha llevado a la muerte a centenas de guatemaltecos desde mediados de los 90. Sin embargo, los casos en donde los participantes en estos hechos son llevados a juicio y condenados han sido los menos.
De enero a julio de este año la cifra de linchamientos se calcula en 22. Sin embargo, durante los meses de septiembre y octubre el fenómeno ha ascendido y los casos en los que las autoridades logran controlar las turbas son escasos.
Estado de Derecho en entredicho
Este arraigo de lo ilegal para combatir el fenómeno de la violencia generada por las pandillas, delincuentes de poca monta, así como miembros del crimen organizado, pareciera que deja al país al margen del estado de Derecho y que se conduce hacia la anarquía. La observación de estos fenómenos, tanto por grupos de derechos humanos nacionales como por instancias internacionales muestra lo creciente del problema.
El informe del relator de las Naciones Unidas especializado en Ejecuciones Extrajudiciales, Phillipe Alston, publicado en marzo de este año y basado en su visita al país de agosto de 2006, señala que en Guatemala el fenómeno de la limpieza social es una práctica en la que participan miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército. «Es verdad que el Estado emplea tácticas ilegales, pero también lo es que éstas tienen gran aceptación entre la cúspide política y social, así como en segmentos considerables de la población en general», agrega.
Apunta, por otra parte, la debilidad del Ministerio Público ante las investigaciones de los hechos y la impunidad en que los casos regularmente quedan.
De esa cuenta, la limpieza social como un instrumento para combatir la inseguridad en el país debe preocupar en tanto socava la institucionalidad, afecta la imagen de país y por lo tanto a rubros de la economía nacional como las inversiones y el turismo.
Preocuparse por avanzar en la consolidación del sistema de aplicación de justicia, crear el sistema de seguridad y afianzar la investigación criminal son algunos de los puntos en los que se debe trabajar rápidamente para, en vez de seguir debilitando el estado de Derecho, fortalecerlo.
«Los partidos políticos deberían pronunciarse sobre la limpieza social porque lo único que ha hecho es generar más violencia».
Elisabeth ívalos.